El trato arancelario preferencial es la rebaja o eliminación del arancel que un acuerdo comercial concede a las mercancías originarias de los países parte. El Decreto 1165 de 2019 dispone que las mercancías importadas al amparo de un acuerdo comercial vigente se benefician de las preferencias cuando cumplen los requisitos de origen, y que para ello se presenta la prueba de origen o el medio de prueba que acredite la condición de originario según el acuerdo (art. 309); los términos de origen se rigen por el texto del acuerdo, que prevalece sobre el decreto en caso de discrepancia (art. 308), y la vigencia de la prueba de origen también depende de cada acuerdo (art. 310). La prueba de origen debe obtenerse antes de presentar y aceptar la declaración de importación (art. 313). Quien solicita la preferencia debe conservar, por mínimo cinco años contados desde la presentación y aceptación de la declaración, los registros y documentos que demuestren que la mercancía es originaria, y debe arreglar que el productor o exportador atienda los requerimientos de la DIAN en una verificación de origen (art. 317). Si no se cumplen integralmente las normas de origen del acuerdo, el importador debe pagar los tributos aduaneros correspondientes (art. 309).
La verificación de origen se rige hoy por la Ley 2586 de 2026, el régimen sancionatorio y de procedimiento aduanero que rige desde su promulgación el 19 de junio de 2026 (Diario Oficial 53.527) y que derogó el Decreto Ley 920 de 2023. Para importaciones con trato preferencial se aplica el procedimiento del acuerdo comercial correspondiente. En lo que el acuerdo no regule, el artículo 86 prevé un requerimiento ordinario de verificación de origen, con cuestionarios, solicitudes de información y de consentimiento para visitas, que se responde en 30 días calendario, prorrogables una sola vez hasta por otros 30; la DIAN dispone de hasta un año para expedir la resolución de determinación de origen, contra la cual procede el recurso de apelación. Si se niega el trato preferencial, se formula la liquidación oficial de corrección para cobrar tributos, intereses y sanción (art. 58), y en ese trámite ya no se discuten los hechos ni las normas de origen sino las tarifas y la sanción. Mientras dura la verificación, el término de firmeza de la declaración de importación, de tres años, se suspende desde la notificación del requerimiento hasta la ejecutoria de la resolución de determinación de origen (Decreto 1165, art. 188, parágrafo). Acogerse al trato preferencial sin prueba de origen, con una prueba no auténtica o cuando la mercancía no califica se sanciona con multa del 40% de los tributos dejados de pagar, sin perjuicio de lo que prevea el acuerdo (Ley 2586, art. 15, num. 15.15.2.1). Para valoración y liquidaciones oficiales véase valoración aduanera y liquidación oficial.