La DIAN puede considerar que el valor que declaró en una importación es bajo, ajustar el valor en aduana, liquidar mayores tributos y, si hay menor pago, imponer una multa. El valor en aduana se determina con el Acuerdo de Valoración de la OMC, cuyo método principal es el valor de transacción: el precio realmente pagado o por pagar. Ligal reconstruye la prueba de ese precio y defiende ante la autoridad, con abogados, contadores y experiencia ex-DIAN.
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El fundamento legal del valor en aduana está en el artículo 320 del Decreto 1165 de 2019: el Acuerdo sobre Valoración de la OMC (Ley 170 de 1994), la Decisión Andina 571 de 2003 y su Reglamento Comunitario (Resolución 1684 de 2014 de la SGCAN). El método principal es el valor de transacción, es decir, el precio realmente pagado o por pagar por la mercancía (artículo 1 del Acuerdo). Solo si no puede aplicarse se pasa, en orden, a los métodos secundarios: valor de mercancías idénticas, de mercancías similares, método deductivo, método del valor reconstruido y, como último recurso, criterios razonables. Para sustentar el valor, el artículo 323 exige, en toda importación (salvo las excepciones del artículo 327), una Declaración Andina del Valor (DAV) elaborada antes de presentar la declaración de importación. El artículo 330 señala los documentos justificativos que pueden exigirse en control (factura comercial, contrato, entre otros) y el artículo 335 obliga a conservar la DAV y sus soportes: relaciones comerciales y financieras entre las partes, contratos y gastos. Si hubo que declarar un valor provisional, el artículo 338 (modificado por el Decreto 360 de 2021) regula el trámite.
El régimen sancionatorio vigente es la Ley 2586 de 2026, que rige desde su promulgación (19 de junio de 2026) y derogó el Decreto Ley 920 de 2023, declarado inexequible por la sentencia C-072 de 2025 con efectos diferidos. Según su artículo 15, declarar una base gravable inferior al valor en aduana es infracción grave (num. 15.14.2.1) y se sanciona con multa del 50% de la diferencia, sin perjuicio de los tributos; solo si hay menor pago de tributos, y aplica al importador. No presentar el contrato cuando se declaró valor provisional se sanciona con 200 UVT (num. 15.14.2.2), y las inexactitudes en la DAV que impidan aplicar la técnica de valoración, con 100 UVT (num. 15.14.3.1, leve). Para corregir el valor, la ley prevé la liquidación oficial de corrección por valor (art. 61, por una sola vez) cuando el valor declarado no corresponda al establecido por la autoridad, y los estudios de valor sobre operaciones de un mismo importador en un periodo (art. 62), que pueden terminar en liquidaciones oficiales o en archivo. Los artículos 56 y 57 permiten que la liquidación oficial modifique la declaración. La caducidad de la facultad sancionatoria es de 3 años desde la comisión del hecho (art. 20). Los plazos para responder son cortos desde la notificación. Si el mismo valor se discute como operación entre vinculadas, véase también /precios-de-transferencia-dian, y para el marco general de la operación, /comercio-exterior.
Claves de la defensa en valoración aduanera
Ligal revisa la DAV, la declaración de importación y el pronunciamiento de la DIAN, reconstruye la prueba del precio con soportes contables y defiende por la vía que más convenga a su caso, sin prometer resultados.
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Verificamos si la DAV se elaboró antes de la declaración de importación, si los soportes (factura comercial, contrato, pagos, documento de transporte) coinciden con lo declarado y si faltan elementos que la autoridad pueda cuestionar. Esa revisión define la línea de defensa.
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Analizamos si la DIAN descartó el valor de transacción con motivos suficientes y si el método con el que lo reemplazó respeta el orden del Acuerdo de la OMC: mercancías idénticas, similares, deductivo, reconstruido y último recurso. Una comparación con mercancías que no son realmente comparables es un punto técnico de defensa.
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LIGAL Auditores y Jeysson Pulido recalculan los mayores tributos y la multa, y comparan escenarios: discutir el ajuste, allanarse según el artículo 19 de la Ley 2586 de 2026 o corregir. Se evalúa también si hay efectivamente un menor pago de tributos, condición de la multa del 50%.
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Preparamos la respuesta al requerimiento, aportamos la prueba y, si se profiere decisión de fondo, interponemos el recurso procedente dentro de los plazos, que son cortos desde la notificación. Ligal conduce el caso de punta a punta.
Un caso de valoración se decide entre el argumento jurídico sobre el método y la prueba contable del precio realmente pagado.
Director · Abogado tributarista ex-DIAN
Dirige la estrategia jurídica y la representación ante la DIAN: define si discutir, corregir o allanarse, cómo controvertir el método de valoración y cómo conducir los recursos.
Contador · Cuantificación y trazabilidad
Reconstruye el precio pagado con facturas, pagos y registros, y recalcula tributos y multa para sustentar con cifras la posición del importador.
Contadores públicos
Elaboran soportes contables y análisis técnicos sobre costos, ajustes al valor y pagos que sirven de prueba ante la DIAN y los jueces.
Pagar o allanarse puede ser una buena decisión o un error. Antes de decidir, analizamos el método de la autoridad, la prueba disponible y las reducciones del artículo 19 de la Ley 2586 de 2026.
Facturas, contratos o pagos hechos después de la importación para responder un requerimiento pueden agravar el caso. Usamos únicamente la prueba auténtica de la operación.
La autoridad puede aplicar otros métodos cuando no acepta el valor de transacción. Evaluamos con franqueza las posibilidades antes de iniciar la discusión.
Cuando la DIAN cuestiona el valor declarado en una importación, Ligal lleva la defensa ante la autoridad aduanera, desde la respuesta al requerimiento hasta los recursos y las instancias que correspondan. Juan Santiago Rodríguez Prieto, abogado tributarista ex-DIAN, lidera la estrategia junto al contador Jeysson Pulido y LIGAL Auditores (contadores públicos), para acreditar el precio realmente pagado y cuantificar con precisión tributos y sanciones. El equipo, con abogados, contadores y experiencia directa dentro de la DIAN, atiende casos reales de fiscalización, cobro coactivo y litigio tributario y aduanero.
Tenga en cuenta: ningún resultado está garantizado; cada caso depende de los hechos, los soportes y el método aplicado por la autoridad.
Director
Juan Santiago Rodríguez Prieto
Abogado tributarista · Ex-DIAN
Los plazos desde la notificación son cortos. Evaluamos el requerimiento o la liquidación de la DIAN en 48 horas hábiles. Use el formulario o abra Diagnóstico.
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HoyRevisamos el requerimiento o la liquidación, la declaración de importación, la DAV y los soportes de la operación (factura, contrato, pagos, transporte).
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48 h hábilesVerificamos el método aplicado por la DIAN, recalculamos tributos y multa y evaluamos si conviene discutir, corregir o allanarse.
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InmediatoDefinimos la prueba, la respuesta y los recursos, y quién la presenta, dentro de los plazos de la notificación.
Preguntas frecuentes
La autoridad puede cuestionar el valor declarado, y la ley prevé la liquidación oficial de corrección por valor (art. 61 de la Ley 2586 de 2026, por una sola vez) cuando el valor en aduana declarado no corresponda al establecido por ella, y los estudios de valor sobre las operaciones de un mismo importador en un periodo (art. 62), que pueden terminar en liquidaciones oficiales o en archivo. La decisión debe sustentarse en el método de valoración y en los hechos. No es automático: el importador puede aportar prueba y controvertir el método.
Es la base sobre la que se liquidan los tributos aduaneros. Su fundamento está en el artículo 320 del Decreto 1165 de 2019: el Acuerdo sobre Valoración de la OMC (Ley 170 de 1994), la Decisión Andina 571 de 2003 y su Reglamento Comunitario (Resolución 1684 de 2014 de la SGCAN). El método principal es el valor de transacción, el precio realmente pagado o por pagar. Si no puede aplicarse, se recurre en orden a las mercancías idénticas, las similares, el método deductivo, el reconstruido y, como último recurso, a criterios razonables.
Según el artículo 323 del Decreto 1165 de 2019, toda importación (salvo las excepciones del artículo 327) requiere una Declaración Andina del Valor, elaborada antes de presentar la declaración de importación. El artículo 335 obliga a conservar la DAV y sus soportes: relaciones comerciales y financieras entre las partes, contratos y gastos. El artículo 330 señala los documentos justificativos exigibles en control, como la factura comercial y el contrato.
El artículo 15 de la Ley 2586 de 2026 sanciona como infracción grave declarar una base gravable inferior al valor en aduana (num. 15.14.2.1) con multa del 50% de la diferencia, sin perjuicio de los tributos; se aplica solo si hay menor pago de tributos y es una sanción al importador. Otras conductas relacionadas con la valoración tienen sanciones menores: no presentar el contrato cuando se declaró valor provisional (200 UVT, num. 15.14.2.2) y las inexactitudes en la DAV que impidan aplicar la técnica de valoración (100 UVT, num. 15.14.3.1).
El artículo 19 de la Ley 2586 de 2026 permite reconocer voluntariamente la infracción y reducir la sanción, con reglas según la etapa: antes del Requerimiento Especial Aduanero, después del requerimiento y antes de la decisión de fondo, y dentro del término del recurso contra la decisión de fondo; el texto fija porcentajes de 20%, 40% y 60% según la etapa. Debe anexarse el pago de tributos, intereses y la sanción reducida, y no aplica a las infracciones gravísimas. Si conviene o no depende de la solidez de la prueba y de las cifras; la decisión debe tomarse con una estimación previa de ambos caminos.
La factura comercial, el contrato o la orden de compra, los comprobantes de pago al proveedor, el documento de transporte y los registros contables de los gastos, junto con la prueba de las relaciones comerciales y financieras entre las partes. La coherencia entre la DAV, la declaración de importación y la contabilidad es determinante. Si hay vinculación con el proveedor, también conviene el soporte del precio pactado. Las pruebas deben ser auténticas y contemporáneas a la operación.
Los plazos para responder requerimientos y recursos son cortos desde la notificación; revise la fecha exacta en el documento que recibió y actúe de inmediato. Además, la facultad sancionatoria de la autoridad caduca a los 3 años desde la comisión del hecho (art. 20 de la Ley 2586 de 2026). No espere al último día: la prueba contable y la revisión técnica toman tiempo.
Si el proveedor del exterior es una parte vinculada, el precio pactado puede analizarse también bajo las reglas de precios de transferencia, además del régimen aduanero. Son marcos distintos con propósitos distintos, pero lo que se sostenga en uno debe ser coherente con el otro. Véase /precios-de-transferencia-dian.
Ligal es una firma especializada en derecho tributario y aduanero. Bajo la dirección de Juan Santiago Rodríguez Prieto, abogado tributarista ex-DIAN, junto a Jeysson Pulido, contador, y LIGAL Auditores (contadores públicos), combinamos el argumento jurídico sobre el método de valoración con la prueba contable del precio pagado. Nuestro trabajo está respaldado por 5,0 / 5 en Google con 36 reseñas: https://share.google/VVzMvULrOj8Mj52Au. El equipo atiende casos reales de fiscalización, cobro coactivo y litigio tributario y aduanero. Ningún resultado está garantizado.
Gratis. Adjunte el requerimiento o la liquidación, la declaración de importación, la DAV y los soportes de la operación. Evaluamos el método aplicado, las cifras y la estrategia.