Contrate con el Estado
sin sorpresas jurídicas.
Acompañamos a empresas nacionales y extranjeras en todas las etapas de su relación contractual con el Estado: estructuración y participación en licitaciones, ejecución de contratos, reclamaciones y defensa ante controversias y procesos sancionatorios. Asesoramos a clientes públicos y privados en proyectos de infraestructura.
Contratar con el Estado es otro régimen, con sus propias reglas.
La contratación estatal es el conjunto de reglas que rigen las relaciones contractuales entre los particulares y las entidades públicas. A diferencia del contrato privado, está sometida a principios de transparencia, selección objetiva y planeación, a procedimientos reglados de selección y a controles que no existen en el mundo privado. Un error formal en un pliego o en una oferta puede costar la adjudicación.
Acompañamos al proponente y al contratista en todo el ciclo: desde el análisis del pliego y la estructuración de la oferta, pasando por la ejecución del contrato y sus modificaciones, hasta la liquidación y la defensa frente a reclamaciones, multas y procesos sancionatorios. También asesoramos a entidades y a clientes privados en el desarrollo de proyectos de infraestructura.
Le acompañamos cuando
- Va a participar en una licitación o proceso de selección
- Necesita revisar un pliego o presentar observaciones
- Está ejecutando un contrato estatal y surgen controversias
- Le imponen una multa o una declaratoria de incumplimiento
- Enfrenta una posible inhabilidad o incompatibilidad
- Desarrolla un proyecto de infraestructura público o privado
Acompañamiento en cada etapa.
Estructuración y oferta
Análisis del pliego, observaciones, conformación de consorcios y uniones temporales, y estructuración de la oferta para competir y cumplir los requisitos habilitantes.
Marco
Ley 80 de 1993 · Ley 1150 de 2007
Ejecución y modificaciones
Acompañamiento durante la ejecución: adiciones, prórrogas, suspensiones, equilibrio económico del contrato y manejo de la relación con la entidad.
Marco
Estatuto General de Contratación
Liquidación y controversias
Liquidación del contrato, reclamaciones por mayores cantidades y defensa frente a multas, caducidad y procesos sancionatorios.
Enfoque
Controversias contractuales
Donde más se juega su contrato.
Proceso de selección
Observaciones al pliego, defensa de la oferta, control de los requisitos habilitantes y, cuando procede, impugnación de la adjudicación irregular.
Equilibrio económico
Reclamación por hechos que rompen la ecuación contractual —mayores cantidades, cambios de condiciones, demoras imputables a la entidad— para restablecer el equilibrio.
Sancionatorio e inhabilidades
Defensa en procesos de multa, declaratoria de incumplimiento y caducidad, y prevención y manejo de inhabilidades e incompatibilidades.
Del pliego a la liquidación, con respaldo.
Análisis del proceso
Estudiamos el pliego, los requisitos habilitantes, los riesgos y la matriz de la entidad. Le decimos si conviene participar y bajo qué condiciones.
Estructuración de la oferta
Apoyamos la conformación de consorcios o uniones temporales, la documentación habilitante y las observaciones al pliego cuando hay vicios.
Acompañamiento en ejecución
Asesoramos durante la ejecución: modificaciones, equilibrio económico, actas y manejo de la relación con la entidad contratante.
Reclamaciones y defensa
Estructuramos reclamaciones y defendemos frente a multas, incumplimientos y procesos sancionatorios ante la entidad y la jurisdicción.
Liquidación y cierre
Gestionamos la liquidación del contrato y el reconocimiento de saldos y reclamaciones pendientes para cerrar la relación sin cabos sueltos.
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Conocemos el Estado desde adentro y desde la oferta.
Visión de las dos orillas
Hemos asesorado a clientes públicos y privados. Entendemos cómo piensa y decide la entidad, y eso fortalece su posición en cada etapa.
Detalle en lo formal
En contratación pública lo formal es sustancial. Cuidamos cada requisito habilitante y cada plazo, porque un detalle puede costar la adjudicación.
Defensa del equilibrio
Cuando la entidad rompe la ecuación del contrato, estructuramos la reclamación para restablecer el equilibrio económico con soporte técnico y jurídico.
Articulación con el litigio
Si la controversia escala, la llevamos al arbitraje o a la jurisdicción sin cambiar de equipo ni perder la historia del caso.
Pre, ejecución y poscontractual
Revisión de requisitos habilitantes
Experiencia pública y privada
Del pliego a la liquidación
常见问题
最常被问到的问题
El marco general es el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública —la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 con sus decretos reglamentarios—, además de regímenes especiales para ciertas entidades y sectores. Sobre esa base se estructuran los procesos de selección, la ejecución y la liquidación de los contratos.
Sí. Las empresas extranjeras pueden participar en procesos de contratación estatal, por lo general a través de una sucursal en Colombia o en consorcio o unión temporal con empresas locales, cumpliendo los requisitos habilitantes y de capacidad. Estructuramos el vehículo y la documentación necesarios para participar.
Sí. Frente a vicios en el proceso de selección o en la adjudicación existen mecanismos para controvertir la decisión, tanto en sede administrativa como ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La oportunidad es clave: los términos para actuar son cortos y perentorios.
Es el principio según el cual debe mantenerse la equivalencia entre las prestaciones del contratista y la remuneración pactada. Cuando hechos imprevistos o imputables a la entidad alteran esa ecuación —mayores cantidades, cambios de condiciones, demoras— el contratista tiene derecho a su restablecimiento, que se reclama con soporte técnico y jurídico.
La entidad puede imponer multas y declarar el incumplimiento o la caducidad dentro de un proceso con garantías. Esas decisiones se pueden controvertir con recursos en sede administrativa y, posteriormente, ante la jurisdicción. Lo importante es ejercer la defensa a tiempo y con la prueba adecuada.
Sí. Acompañamos a clientes públicos y privados en la estructuración y ejecución de proyectos de infraestructura, incluyendo la contratación, las modificaciones, las controversias y, cuando se requiere, el litigio o el arbitraje derivado del proyecto.
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