El abuso tributario (art. 869 E.T.) faculta a la DIAN a recaracterizar operaciones artificiosas sin propósito económico aparente; Ligal defiende su planeación desde el emplazamiento especial hasta sede contenciosa.
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El artículo 869 del Estatuto Tributario (modificado por el artículo 300 de la Ley 1819 de 2016) faculta a la DIAN para recaracterizar o reconfigurar toda operación o serie de operaciones que constituya abuso en materia tributaria y desconocer sus efectos, proponiendo y liquidando los impuestos, intereses y sanciones respectivos. La norma define que hay abuso tributario cuando se utilizan actos o negocios jurídicos artificiosos, sin razón o propósito económico y/o comercial aparente, con el fin de obtener un provecho tributario, con total independencia de cualquier intención subjetiva adicional del contribuyente. El parágrafo 2 del artículo 869 consagra tres indicios de artificiosidad: 1) que la operación se ejecute de una manera que económicamente o comercialmente no resulte razonable; 2) que el negocio genere un elevado beneficio fiscal que no se refleje en los riesgos económicos o empresariales efectivamente asumidos; y 3) que se celebre un negocio jurídico estructuralmente correcto pero aparente, que oculta la verdadera voluntad de las partes. A su vez, el parágrafo 3 precisa que constituye provecho tributario la eliminación, reducción o diferimiento del tributo, el incremento del saldo a favor o de pérdidas fiscales, así como la extensión de beneficios o exenciones tributarias.
Para declarar el abuso tributario, la DIAN debe agotar el procedimiento especial reglado en el artículo 869-1 del Estatuto Tributario dentro del término de firmeza de la declaración. Dicho trámite exige la expedición de un emplazamiento especial motivado, sustentado al menos en prueba sumaria, frente al cual el contribuyente dispone de tres (3) meses para contestar y aportar o solicitar pruebas, plazo durante el cual se suspende el término de firmeza. Concluido este término, si la administración decide continuar, debe expedir el requerimiento especial o el emplazamiento previo por no declarar, contando con el visto bueno previo y motivado del Director Seccional y de un delegado del Director de Gestión de Fiscalización, acto en el que deben describirse los hechos, las pruebas recaudadas y valorarse expresamente las pruebas aportadas por el contribuyente. Asimismo, en caso de abuso, el artículo 869-2 faculta a la DIAN para remover el velo corporativo de las entidades utilizadas por decisión de socios, accionistas, directores o administradores. Si se determina la existencia de abuso, el artículo 648 numeral 2 del Estatuto Tributario impone una sanción por inexactitud del 160% de la diferencia del saldo a favor o del mayor valor del impuesto, frente a lo cual el artículo 647 parágrafo 2 protege la interpretación razonable del derecho aplicable cuando se han suministrado hechos y cifras completos y verdaderos. Este procedimiento es autónomo y no debe confundirse con el régimen de precios de transferencia (artículos 260-1 y siguientes del Estatuto Tributario), el cual obedece a normas y presupuestos independientes.
Presupuestos clave del artículo 869 E.T.
Ligal defiende a la empresa y a sus socios articulando la prueba jurídica y contable desde la respuesta al emplazamiento especial hasta la discusión del requerimiento especial y los recursos de ley.
01
Elaboramos la respuesta integral en el término perentorio de 3 meses, aportando y solicitando pruebas directas para controvertir la prueba sumaria y los indicios de artificiosidad planteados por la DIAN.
02
Documentamos la cronología de las decisiones, actas de asamblea, estudios de negocio, valoraciones comerciales y flujos financieros que demuestran la racionalidad económica y la coherencia entre forma y sustancia.
03
Contestamos el requerimiento especial dentro de los 3 meses legales, verificamos el visto bueno del Director Seccional y del delegado de Fiscalización, e interponemos el recurso de reconsideración en los 2 meses del art. 720 E.T.
04
Alegamos la interpretación razonable con hechos y cifras verdaderos (art. 647 par. 2 E.T.) para debatir la sanción agravada del art. 648 num. 2 E.T., blindando a socios y administradores frente al art. 869-2 E.T.
Frente a la recaracterización del artículo 869 E.T., la defensa exige combinar la argumentación jurídica de procedencia y debido proceso con la auditoría contable y financiera de las operaciones.
Director · Abogado tributarista ex-DIAN
Lidera la estrategia jurídica procesal y probatoria: controvierte la prueba sumaria de la DIAN, verifica el visto bueno del Director Seccional y delegado nacional bajo el art. 869-1 E.T. y estructura la defensa en el emplazamiento especial y la vía gubernativa.
Contador · Cuantificación y liquidación tributaria
Audita los efectos cuantitativos de las operaciones controvertidas, modela la determinación de tributos e intereses y verifica la razonabilidad de las cifras declaradas frente a la sanción por inexactitud del art. 648 num. 2 E.T.
Contadores públicos · Ley 43 de 1990
Dictámenes contables y financieros sobre flujos de fondos, valoración de activos y realidad económica transaccional, aportando soporte documental técnico para demostrar el propósito comercial y la sustancia de los negocios.
El contribuyente tiene el derecho legítimo de elegir las estructuras jurídicas más eficientes permitidas por la ley. Exigimos a la DIAN demostrar la artificiosidad y la ausencia de sustancia económica antes de pretender recaracterizar el negocio.
El artículo 869-1 E.T. otorga 3 meses para aportar y solicitar pruebas. Una respuesta tardía o meramente formal debilita la defensa probatoria antes de que la DIAN expida el requerimiento especial con la sanción del 160%.
La defensa de una operación exige documentos contemporáneos a su celebración: actas, contratos, proyecciones y flujos de caja reales. No fabricamos justificaciones retrospectivas que no correspondan a la realidad económica.
En los procedimientos de fiscalización por presunto abuso tributario (artículo 869 del Estatuto Tributario), la DIAN tiene la potestad de recaracterizar operaciones y desconocer sus efectos fiscales cuando alega actos artificiosos sin propósito económico o comercial aparente. Esta atribución expone a las empresas a liquidaciones oficiales con sanciones por inexactitud agravadas del 160% bajo el artículo 648 numeral 2 del Estatuto Tributario y a la posible remoción del velo corporativo de las sociedades según el artículo 869-2. Frente a ello, Ligal estructura una defensa probatoria rigurosa desde la notificación del emplazamiento especial regulado en el artículo 869-1, haciendo valer el término de tres meses para allegar la prueba del propósito de negocio, la racionalidad comercial y la asunción real de riesgos empresariales. Juan Santiago Rodríguez Prieto, abogado tributarista ex-DIAN, dirige la defensa junto al contador Jeysson Pulido y LIGAL Auditores (contadores públicos Ley 43 de 1990), vigilando el cumplimiento de las garantías sustanciales como el visto bueno del Director Seccional y del delegado de la Dirección de Gestión de Fiscalización, la protección de la interpretación razonable bajo el artículo 647 parágrafo 2 del Estatuto Tributario y la oportuna respuesta al requerimiento especial (artículo 707) y recurso de reconsideración (artículo 720). La firma trabaja casos reales de fiscalización, cobro coactivo y litigio tributario: en una reseña verificada en Google, el cliente Julian Rodriguez relata que, gracias a la representación ante la DIAN, "logramos el archivo de un litigio tributario que teníamos en contra de mi empresa".
Tenga en cuenta: Ligal asume la defensa jurídica y contable de punta a punta —desde la respuesta al emplazamiento especial motivado hasta los recursos en vía administrativa y demanda judicial— articulando la estrategia probatoria frente a la DIAN.
Director
Juan Santiago Rodríguez Prieto
Abogado tributarista · Ex-DIAN
Evaluamos el emplazamiento especial, requerimiento o estructura cuestionada por la DIAN en 48 horas hábiles. Use el formulario o abra Diagnóstico.
01
HoyExaminamos el emplazamiento especial motivado o requerimiento especial de la DIAN, los términos de firmeza y los hechos alegados por la administración.
02
48 h hábilesEvaluamos los indicios de artificiosidad imputados, cotejamos las valoraciones, actas y flujos de caja, y formulamos la teoría del caso probatoria.
03
InmediatoRadicamos la contestación en el término de 3 meses aportando pruebas concluyentes y vigilando los requisitos de visto bueno y debido proceso.
Preguntas frecuentes
El artículo 869 del Estatuto Tributario (modificado por el artículo 300 de la Ley 1819 de 2016) faculta a la DIAN para recaracterizar o reconfigurar toda operación o serie de operaciones que constituya abuso en materia tributaria y desconocer sus efectos. Con base en esta potestad, la administración tributaria puede proponer y liquidar los impuestos, intereses y sanciones que correspondan. Existe abuso tributario cuando se utilizan actos o negocios jurídicos artificiosos, sin razón o propósito económico y/o comercial aparente, con el fin de obtener provecho tributario, con total independencia de cualquier intención subjetiva adicional.
El parágrafo 2 del artículo 869 del Estatuto Tributario establece tres indicios de artificiosidad: 1) que la operación se ejecute de una manera que económicamente o comercialmente no resulte razonable; 2) que el negocio o serie de negocios resulte en un elevado beneficio fiscal que no se refleje en los riesgos económicos o empresariales asumidos por el obligado tributario; y 3) que la celebración de un negocio jurídico estructuralmente correcto sea aparente, ocultando la verdadera voluntad de las partes contratantes.
Conforme al parágrafo 3 del artículo 869 del Estatuto Tributario, se entiende por provecho tributario la eliminación, reducción o diferimiento del tributo, el incremento del saldo a favor o de pérdidas fiscales, así como la extensión de beneficios o exenciones tributarias obtenidos mediante los actos o negocios cuestionados.
Bajo el artículo 869-1 del Estatuto Tributario, la DIAN debe iniciar la investigación dentro del término de firmeza de la declaración mediante un emplazamiento especial motivado, sustentado al menos en prueba sumaria. El contribuyente dispone de tres (3) meses para contestar y aportar o solicitar las pruebas pertinentes, lapso durante el cual se suspende el término de firmeza. Si la DIAN decide proseguir, debe expedir el requerimiento especial o el emplazamiento previo por no declarar con el visto bueno previo y motivado del Director Seccional y de un delegado del Director de Gestión de Fiscalización, describiendo los hechos y valorando las pruebas del contribuyente.
Cuando la inexactitud en la declaración se origine en la aplicación de las disposiciones sobre abuso en materia tributaria del artículo 869, el artículo 648 numeral 2 del Estatuto Tributario impone una sanción por inexactitud del 160% de la diferencia entre el saldo a favor o saldo a pagar determinado oficialmente y el declarado. No obstante, el artículo 647 parágrafo 2 del Estatuto Tributario señala que no se configura inexactitud cuando el menor valor determinado obedezca a una interpretación razonable del derecho aplicable, siempre que los hechos y cifras denunciados sean completos y verdaderos.
Sí. De conformidad con el artículo 869-2 del Estatuto Tributario, cuando se configure abuso en materia tributaria, la administración tributaria puede remover el velo corporativo de entidades que hayan sido utilizadas por decisión de socios, accionistas, directores o administradores con el propósito de consumar el abuso tributario, imputando directamente las consecuencias fiscales a los sujetos correspondientes.
El régimen de precios de transferencia, regulado en los artículos 260-1 y siguientes del Estatuto Tributario, es un régimen independiente y específico que evalúa si las operaciones comerciales y financieras celebradas entre partes vinculadas en el extranjero o en zonas francas cumplen con el principio de plena competencia. Por su parte, la cláusula general antiabuso de los artículos 869 y siguientes del Estatuto Tributario evalúa la existencia de negocios artificiosos sin propósito económico aparente en cualquier operación para reconfigurarla y desconocer sus efectos tributarios.
Ligal es la firma de referencia en derecho tributario en Colombia y asume la defensa técnica y procesal ante la DIAN de punta a punta. Bajo la dirección de Juan Santiago Rodríguez Prieto, abogado tributarista ex-DIAN, junto a Jeysson Pulido y LIGAL Auditores (Ley 43 de 1990), estructuramos la defensa probatoria de la sustancia económica y el propósito de negocio, contestamos el emplazamiento especial motivado dentro de los 3 meses y vigilamos el cumplimiento estricto del debido proceso y el visto bueno directivo del art. 869-1 E.T. Nuestro trabajo está respaldado por 5,0 / 5 en Google con 35 reseñas: https://share.google/VVzMvULrOj8Mj52Au. La firma trabaja casos reales de fiscalización, cobro coactivo y litigio tributario: en una reseña verificada en Google, el cliente Julian Rodriguez relata que, gracias a la representación ante la DIAN, "logramos el archivo de un litigio tributario que teníamos en contra de mi empresa".
Gratis. Adjunte el emplazamiento especial motivado, requerimiento especial o contratos en discusión con la DIAN. Evaluamos sustancia económica, indicios de artificiosidad y estrategia probatoria.