Nueva ley sancionatoria aduanera: ¿qué cambió y cómo defenderse?
Entienda las infracciones, la gradualidad y el allanamiento, y responda a la DIAN con abogados y contadores ex-DIAN a su lado.

La Ley 2586 deroga el Decreto Ley 920 de 2023 y el artículo 51 de la Ley 1762 de 2015 (art. 114). El Decreto Ley 920 de 2023 había sido declarado inexequible con efectos diferidos por la Corte Constitucional en la Sentencia C-072 de 2025, para que el Congreso regulara el régimen por ley. El Decreto 1165 de 2019 no desaparece: sigue siendo la norma de las obligaciones aduaneras cuyo incumplimiento sanciona la ley (art. 15), y sus referencias a asuntos sancionatorios, de decomiso y de liquidaciones oficiales se entienden hechas a la Ley 2586 (art. 112, par. 2).

En el papel, la ley fija reglas expresas de procedimiento y de sanción y consagra principios que la DIAN debe aplicar: favorabilidad, legalidad, tipicidad, prohibición de analogía y de doble sanción, proporcionalidad y buena fe (art. 2). Prevé una gestión persuasiva previa (art. 5), un catálogo de errores formales no sancionables (art. 22), causales de exoneración como fuerza mayor, caso fortuito o debida diligencia (art. 23), el allanamiento con reducción (art. 19) y la reducción de la multa que supere el 40% de los ingresos brutos del año anterior cuando se solicita en el recurso (art. 18, num. 6). Cada empresa debe revisar cómo se aplican esas reglas a su operación concreta.

El artículo 14 clasifica las infracciones en leves, graves y gravísimas y prevé cuatro tipos de sanción: amonestación, multa, suspensión y cancelación. Las gravísimas se sancionan con cancelación, suspensión o multas entre 1.000 y 4.000 UVT, o entre el 70% y el 100% del valor FOB o de la mercancía, o el 100% de fletes, IVA o tributos según el caso; las graves, con multas entre 200 y 999 UVT, entre el 10% y el 69% de tributos, fletes o valor FOB, u otras bases que la norma precisa; y las leves, con amonestación o multas entre 50 y 199 UVT o entre el 1% y el 9% de la base que corresponda. El artículo 15 enumera las conductas por tipo de usuario (declarantes, agencias de aduanas, zonas francas, depósitos, entre otros). Algunos ejemplos: usar medios irregulares o simular operaciones de comercio exterior (gravísimas, art. 15.1.1), no tener los documentos soporte exigidos por el Decreto 1165 de 2019 (grave, art. 15.2.2.2) o impedir u obstaculizar las actividades de control sin justa causa (leve, art. 15.1.3.1).

Sí. El artículo 17 gradúa la sanción, por ejemplo cuando con un mismo hecho se incurre en varias infracciones o cuando se reincide en una infracción leve. El artículo 18 prevé reducciones por allanamiento, por cumplimiento o terminación extemporánea, por no tener antecedentes en el INFAD en los dos años fiscales anteriores y, en el recurso, cuando la multa supera el 40% de los ingresos brutos de la declaración de renta del año anterior. Y el parágrafo 1 del artículo 14 prevé que quien incurra por primera vez, o dentro de tres años, en una infracción leve sancionada con multa y corrija su situación no será objeto de sanción pecuniaria, con registro en el INFAD.

El artículo 19 permite reconocer la comisión de la infracción por escrito. Si el reconocimiento es voluntario, sin intervención de la autoridad aduanera y antes de notificarse el Requerimiento Especial Aduanero, la infracción no gravísima queda sin sanción (num. 1). Si se hace antes de notificarse el Requerimiento, pero ya con intervención de la autoridad (la ley la entiende iniciada con la notificación de una acción de control o de la gestión persuasiva, par. 2), la multa se reduce al 20% (num. 2). Después del Requerimiento y hasta antes de la decisión de fondo, la multa se reduce al 40% (num. 3), y dentro del término para recurrir el acto de fondo, al 60% (num. 4). Debe anexarse el recibo de pago de los tributos, los intereses y la sanción reducida, y acreditarse el cumplimiento de la obligación incumplida cuando proceda. Puede ser total o parcial (par. 4). No aplica a intereses de mora ni al rescate (par. 1). Hay que leer con cuidado qué numeral cubre cada caso antes de allanarse.

Es el acto con el que la DIAN propone imponer una sanción o formular una liquidación oficial, y su notificación inicia formalmente el proceso (art. 66). Debe expedirse a más tardar dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha en que se establezca la presunta infracción (art. 67). El interesado tiene 15 días hábiles para responder, objetar y pedir pruebas (art. 70), y la autoridad dispone de 70 días hábiles para decidir de fondo, contados según el artículo 72. Si no se cumplen los términos de la administración, el artículo 96 prevé el silencio administrativo positivo, con excepciones, por ejemplo cuando no se respondió al Requerimiento.

Procede el recurso de reconsideración dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación (art. 88). La DIAN dispone de cinco meses para resolverlo (art. 94). Si el obligado atendió en debida forma el Requerimiento Especial Aduanero o presentó el escrito de objeciones a la aprehensión y aun así se profiere el acto, puede prescindir del recurso de reconsideración y acudir directamente a la jurisdicción contencioso-administrativa, dentro de los términos de la Ley 1437 de 2011 (art. 88, par. 2). Solo los abogados pueden actuar como agentes oficiosos para interponer recursos a nombre del usuario (art. 31).

La facultad de imponer sanciones caduca en tres años contados desde la comisión del hecho o la omisión, y el acto sancionatorio debe estar expedido y notificado dentro de ese término (art. 20). Cuando los mismos hechos están tipificados también como delitos de contrabando, fraude aduanero, lavado de activos u otros que el parágrafo 1 enumera, la caducidad es de ocho años. La facultad para hacer efectivas las sanciones prescribe en cinco años desde la ejecutoria del acto (art. 21). Para sanciones que se imponen dentro de una liquidación oficial, la caducidad sigue la firmeza de la declaración (art. 20, par. 2).

El artículo 112 dispone que si una operación se inició en vigencia del Decreto Ley 920 de 2023 y antes de la vigencia de la ley, el régimen de obligaciones, infracciones y sanciones es el vigente al momento de su inicio, sin perjuicio de la favorabilidad. Los procesos en curso se rigen por las normas vigentes al tiempo de su iniciación, y los iniciados con normas anteriores continúan siempre que la conducta tenga una descripción típica equivalente en la nueva ley; en todo caso se aplica la sanción más favorable (par. 1). Esto exige comparar caso por caso, y para hechos anteriores al Decreto Ley 920 de 2023 debe analizarse la norma aplicable a cada situación.

La aprehensión es una medida cautelar (art. 7) y procede por las causales del artículo 26. Establecida una causal, se levanta el acta de aprehensión (art. 40). El titular o responsable tiene 15 días hábiles desde su notificación para presentar el escrito de objeciones (art. 45) y la DIAN cuenta con 70 días hábiles para decidir de fondo (art. 47). Existen figuras como la entrega de la mercancía contra una garantía equivalente al 100% del valor FOB o del avalúo cuando no hay restricciones (art. 43) y la entrega por rescate una vez subsanados los motivos (art. 52). La estrategia depende de la causal y de la mercancía. Para el detalle, véase decomiso y aprehensión.

La ley dedica un capítulo al Operador Económico Autorizado (arts. 76 a 80): prevé causales de suspensión de beneficios y de cancelación de la autorización con procedimientos propios, que se adelantan en procesos separados del sancionatorio aunque los hechos coincidan, sin que la suspensión o la cancelación implique por sí misma perder la calidad de usuario aduanero (art. 76). La suspensión de beneficios es una medida cautelar sin recurso, y el OEA tiene 15 días hábiles desde la notificación para subsanar o desvirtuar la causal en los casos que el artículo 78 señala. Además, si comete por segunda vez la misma conducta sancionable en los dos años siguientes al Requerimiento Especial Aduanero, la multa se reduce al 30% (art. 18, num. 5).

La ley distingue la responsabilidad administrativa de la penal. Cuando la DIAN encuentra hechos que puedan constituir delito, debe ponerlos en conocimiento de la Fiscalía (art. 12), y la sanción administrativa se aplica sin perjuicio de la responsabilidad penal que pueda derivarse (art. 14). En los casos de aprehensión y decomiso, la denuncia penal puede presentarse una vez el acto de decomiso agote la discusión en sede administrativa (art. 12). Por eso conviene coordinar desde el inicio la defensa administrativa y la penal. En Ligal, la misma defensa atiende ambos frentes de punta a punta.

Ligal es una firma especializada en derecho tributario, aduanero y penal tributario. Bajo la dirección de Juan Santiago Rodríguez Prieto, abogado tributarista ex-DIAN, junto a Jeysson Pulido, contador, y LIGAL Auditores (contadores públicos), combinamos la lectura jurídica de la Ley 2586 con el análisis contable de la operación y lo representamos ante la DIAN, desde la respuesta al Requerimiento hasta el recurso y la jurisdicción. Nuestro trabajo está respaldado por 5,0 / 5 en Google con 36 reseñas: https://share.google/VVzMvULrOj8Mj52Au. El equipo atiende casos reales de aduanas, fiscalización y litigio. Ningún resultado está garantizado.