Cuando la DIAN aprehende mercancía y se menciona una denuncia, aparecen dos procesos distintos: el aduanero, que decide sobre la mercancía, y el penal, que puede comprometer su libertad. Los artículos 319 y 320 del Código Penal distinguen entre quien introduce u oculta mercancía y quien la posee, transporta, almacena o distribuye, y miden la gravedad en salarios mínimos. Ligal lleva la defensa de punta a punta, en lo aduanero y en lo penal.
También por WhatsApp: +57 319 272 9164. Bogotá · Calle 99 7A-51, Of. 206. Atención presencial y remota.
El artículo 319 del Código Penal (Ley 599 de 2000), modificado por el artículo 4 de la Ley 1762 de 2015, tipifica el contrabando: introducir o extraer mercancías en cuantía superior a 50 SMMLV por lugares no habilitados, con prisión de 4 a 8 años y multa del 200% al 300% del valor aduanero. La misma pena recae sobre quien oculte, disimule o sustraiga de la intervención y control aduanero mercancías de más de 50 SMMLV, o las ingrese a zona primaria sin las formalidades legales. Si la cuantía supera los 200 SMMLV, la prisión es de 9 a 12 años, con la misma multa. La norma prevé agravantes cuando el autor tiene la calidad de Altex, UAP, usuario u operador de confianza, OEA u operador con régimen especial, y mayor punibilidad por reincidencia. Y trae una regla que cambia las decisiones de quien enfrenta una aprehensión: según su parágrafo, la legalización de las mercancías no extingue la acción penal. Es decir, regularizar la mercancía ante la autoridad aduanera puede servir para recuperarla, pero no cierra por sí mismo el frente penal.
El artículo 320, modificado por el artículo 6 de la Ley 1762 de 2015, sanciona el favorecimiento y la facilitación del contrabando: poseer, tener, transportar, embarcar, desembarcar, almacenar, ocultar, distribuir o enajenar mercancías introducidas ilegalmente, ocultadas o sustraídas del control aduanero o ingresadas a zona primaria sin formalidades. Si la cuantía supera 50 y llega hasta 200 SMMLV, la prisión es de 3 a 6 años; si supera 200 SMMLV, de 6 a 10 años, y en ambos casos hay multa del 200% al 300% del valor aduanero. La norma no se aplica al consumidor final que tenga factura o documento equivalente con los requisitos del artículo 771-2 del Estatuto Tributario. Esa diferencia importa porque el bodeguero, el transportista, el comercializador o el comprador de reventa pueden enfrentar el artículo 320 aunque no hayan introducido la mercancía. Frente a esto corre en paralelo el régimen administrativo: la Ley 2586 de 2026 regula las infracciones aduaneras, la aprehensión y el decomiso, que solo proceden por las causales que la ley fija (véase /decomiso-aprehension-dian), y el marco general del servicio está en /aduanas. La infracción administrativa se discute ante la DIAN; el delito, ante la Fiscalía y los jueces. Una cosa no sustituye a la otra, y lo que se afirme en un frente puede aparecer en el otro.
Claves del riesgo penal aduanero
Ligal atiende al importador, al transportador, al bodeguero o al comercializador desde la aprehensión, ordena la prueba del origen y la cuantía de la mercancía y lleva en paralelo la defensa aduanera y la penal, sin prometer resultados.
01
Los verbos de cada artículo importan: introducir, ocultar o sustraer del control aduanero apuntan al 319; poseer, transportar, almacenar, distribuir o enajenar apuntan al 320. Reconstruimos qué hizo cada persona, desde cuándo y con qué información, porque el riesgo penal no es el mismo para el dueño de la carga que para quien la transportó o la guardó.
02
Los umbrales de 50 y 200 SMMLV determinan si hay tipo penal y qué pena se discute. LIGAL Auditores y Jeysson Pulido cuantifican el valor de la mercancía con soportes (factura, pagos, documento de transporte) y revisan si el valor aduanero planteado por la autoridad es consistente (véase /valoracion-aduanera-dian).
03
Revisamos si la aprehensión se sustenta en una causal prevista en la ley (la Ley 2586 de 2026 las limita) y si la mercancía fue presentada, declarada y amparada. Antes de legalizar, pagar o allanarse, evaluamos cómo esa decisión se lee en el proceso penal, porque la legalización no extingue la acción penal.
04
Respondemos ante la DIAN y ante la Fiscalía cuidando que cada escrito sea coherente con el otro frente. Ligal asume la defensa completa, sin fragmentarla, y la conduce el mismo equipo desde la aprehensión hasta las instancias judiciales.
Un caso de contrabando o favorecimiento se decide entre la prueba documental de la mercancía y la coherencia de lo que se dice a la DIAN y a la Fiscalía.
Director · Abogado tributarista ex-DIAN
Dirige la estrategia jurídica y la representación en sede aduanera y penal: define qué responder, qué decisión tomar frente a la mercancía y cómo conducir la defensa si hay denuncia o citación.
Contador · Cuantificación y trazabilidad
Reconstruye la cuantía, los pagos y el recorrido documental de la mercancía para respaldar con datos el valor y la legalidad de cada operación.
Contadores públicos
Elaboran soportes contables y análisis técnicos sobre costos, facturas y pagos que sirven de prueba ante la DIAN, la Fiscalía y los jueces.
El parágrafo del artículo 319 dice que la legalización no extingue la acción penal. Evaluamos si legalizar conviene para recuperar la mercancía y qué efectos tiene en el proceso penal, antes de tomar la decisión.
Crear, completar o fechar hacia atrás facturas, contratos o documentos de transporte para responder una aprehensión puede generar un problema penal nuevo. Usamos únicamente la prueba auténtica de lo ocurrido.
La aprehensión es una medida administrativa que procede por causales legales. Que exista no prueba por sí sola la cuantía ni la participación de una persona en el delito. Analizamos ambos frentes por separado.
Cuando la DIAN aprehende mercancía y se anuncia una denuncia, o cuando la Fiscalía cita a una persona por contrabando o favorecimiento, Ligal lleva la defensa de punta a punta, en lo aduanero y en lo penal, ante la DIAN, la Fiscalía General de la Nación y los jueces. Juan Santiago Rodríguez Prieto, abogado tributarista ex-DIAN, lidera la estrategia junto al contador Jeysson Pulido y LIGAL Auditores (contadores públicos) para acreditar la cuantía, el origen documental de la mercancía y el papel real de cada persona. El equipo, con abogados, contadores y experiencia directa dentro de la DIAN, atiende casos reales de fiscalización, cobro coactivo y litigio tributario y aduanero.
Tenga en cuenta: ningún resultado está garantizado; cada caso depende de los hechos, la cuantía y la prueba disponible. Ligal asume la defensa de punta a punta, penal y aduanera.
Director
Juan Santiago Rodríguez Prieto
Abogado tributarista · Ex-DIAN
Los plazos desde la notificación son cortos. Evaluamos el acta de aprehensión, la citación o la noticia de denuncia en 48 horas hábiles. Use el formulario o abra Diagnóstico.
01
HoyRevisamos el acta de aprehensión o la citación, qué mercancía es, quién la tenía, cómo llegó y qué soportes existen (factura, declaración, documento de transporte).
02
48 h hábilesVerificamos la causal de la aprehensión, la cuantía en SMMLV y valor aduanero, y si la conducta de cada persona encaja en el artículo 319, en el 320 o en ninguno.
03
InmediatoDefinimos qué responder a la DIAN, si conviene legalizar o discutir la aprehensión, y cómo preparar la defensa penal si hay denuncia o imputación.
Preguntas frecuentes
No necesariamente. La aprehensión es una medida administrativa que procede por las causales que fija la ley (por ejemplo, mercancía no presentada, o no declarada o no amparada según los artículos 294, 295 y 594 del Decreto 1165 de 2019, dentro del régimen de la Ley 2586 de 2026). El delito de contrabando exige, además, una conducta descrita en el artículo 319 del Código Penal y una cuantía superior a 50 SMMLV. Ambas cosas pueden coexistir o no. El riesgo penal se evalúa con el caso concreto, no por el solo hecho de la aprehensión.
El artículo 319 (contrabando) sanciona introducir o extraer mercancías en cuantía superior a 50 SMMLV por lugares no habilitados, ocultarlas o sustraerlas del control aduanero, o ingresarlas a zona primaria sin formalidades: prisión de 4 a 8 años y multa del 200% al 300% del valor aduanero; si supera 200 SMMLV, prisión de 9 a 12 años. El artículo 320 (favorecimiento) sanciona poseer, transportar, almacenar, ocultar, distribuir o enajenar esa mercancía: de 50 a 200 SMMLV, prisión de 3 a 6 años; más de 200 SMMLV, de 6 a 10 años, con la misma multa. La conversión a pesos y el valor aduanero se establecen en cada caso con soporte técnico.
En la conducta. El contrabando (art. 319) se centra en introducir o extraer mercancía por lugares no habilitados, o ocultarla o sustraerla del control aduanero. El favorecimiento y la facilitación (art. 320) alcanzan a quien posee, tiene, transporta, embarca, desembarca, almacena, oculta, distribuye o enajena mercancía que ya fue introducida ilegalmente u ocultada. Por eso un transportista, un bodeguero o un comercializador pueden enfrentar el artículo 320 sin haber introducido la mercancía. Qué hizo cada persona se prueba con documentos y conducta.
La infracción administrativa se discute ante la DIAN, bajo el régimen sancionatorio y de decomiso de la Ley 2586 de 2026 (rige desde su promulgación y derogó el Decreto Ley 920 de 2023, declarado inexequible por la sentencia C-072 de 2025 con efectos diferidos), y puede terminar en multa o en decomiso de la mercancía; la facultad sancionatoria caduca a los 3 años desde la comisión del hecho (art. 20). El delito se investiga por la Fiscalía y lo decide un juez, con pena de prisión y multa. Son procesos independientes: haber sido sancionado, o no, en uno no resuelve el otro. Véase /decomiso-aprehension-dian.
No. El parágrafo del artículo 319 del Código Penal dispone que la legalización de las mercancías no extingue la acción penal. Legalizar puede ser útil para recuperar la mercancía o regularizar la situación aduanera, pero debe decidirse con la mirada penal en la mesa, porque lo que se reconoce o se paga ante la DIAN puede leerse luego en el proceso penal. Esta diferencia se analiza caso a caso.
Pida y conserve copia del acta, anote la fecha de notificación porque los plazos desde ella son cortos, reúna la factura, la declaración de importación, el documento de transporte y los pagos, y no firme reconocimientos ni preste declaraciones sin asesoría. No cree, complete ni altere documentos. Identifique su rol (dueño, transportador, bodeguero, comprador) y no conteste preguntas sobre el origen de la mercancía sin haberlo revisado con su abogado. Una defensa articulada desde el primer día permite sostener el mismo relato en la DIAN y en la Fiscalía.
El artículo 320 no se aplica al consumidor final que tenga factura o documento equivalente con los requisitos del artículo 771-2 del Estatuto Tributario. Si compra para revender, almacenar o distribuir, la situación cambia y debe analizarse la conducta, la cuantía y su conocimiento sobre el origen de la mercancía. Conserve la factura y los soportes de pago de cada operación.
El artículo 319 prevé agravantes cuando quien comete la conducta tiene la calidad de Altex, UAP, usuario u operador de confianza, OEA u operador con régimen especial, y establece mayor punibilidad para la reincidencia. Esto significa que quienes operan con una calificación aduanera especial deben cuidar con mayor rigor la trazabilidad de sus operaciones.
Puede incidir. Los umbrales de 50 y 200 SMMLV y la multa se miden sobre el valor de la mercancía y el valor aduanero. Por eso revisamos con soportes (factura, pagos, contrato) si el valor planteado por la autoridad es consistente. Una discusión técnica sobre el valor puede influir en el frente aduanero y en el penal. Véase /valoracion-aduanera-dian.
Ligal es una firma especializada en derecho tributario y aduanero que asume la defensa de punta a punta, en lo aduanero y en lo penal, con un mismo equipo. Bajo la dirección de Juan Santiago Rodríguez Prieto, abogado tributarista ex-DIAN, junto a Jeysson Pulido, contador, y LIGAL Auditores (contadores públicos), representamos al cliente ante la DIAN, la Fiscalía y los jueces, y reunimos la prueba de la cuantía y del papel de cada persona. Nuestro trabajo está respaldado por 5,0 / 5 en Google con 36 reseñas: https://share.google/VVzMvULrOj8Mj52Au. El equipo atiende casos reales de fiscalización, cobro coactivo y litigio tributario y aduanero. Ningún resultado está garantizado.
Gratis. Adjunte el acta de aprehensión, la citación o la noticia de denuncia, indique su rol (dueño, transportador, bodeguero, comprador) y los soportes disponibles. Evaluamos la causal, la cuantía y la estrategia.