¿Certificarse como Operador Económico Autorizado (OEA) ante la DIAN?
Conviene medir requisitos, beneficios y riesgos antes de solicitar, con abogados y contadores ex-DIAN a su lado.

El artículo 6 del Decreto 3568, modificado por el Decreto 1894 de 2015, exige para la categoría de seguridad y facilitación, entre otras condiciones: estar domiciliado y con existencia y representación legal en el país; si es persona jurídica o sucursal de sociedad extranjera, estar establecido en Colombia mínimo tres años antes de la solicitud; RUT activo con el tipo de usuario aduanero; trayectoria efectiva de tres años en la actividad; permisos del sector; calificación favorable en el sistema de administración de riesgos de la DIAN; no tener sanciones ejecutoriadas por seguridad en los dos años anteriores; estar al día o con acuerdo de pago vigente en obligaciones tributarias, aduaneras y sanciones cambiarias; que socios, representantes, contadores, revisores fiscales y controlantes no tengan antecedentes penales por los delitos que el artículo enumera ni incidentes de seguridad en los cinco años anteriores; no haber sido sancionado con cancelación de autorizaciones de la DIAN en los últimos cinco años; y demostrar solvencia financiera de los últimos tres años. Además se exigen los requisitos mínimos de seguridad por tipo de usuario (exportador, importador, agencia de aduanas, entre otros) fijados en la Resolución 15 de 2016.

No hay una cifra única. La Resolución 15 de 2016 fija plazos por etapa: la solicitud se presenta electrónicamente con documentos soporte (art. 5); las autoridades verifican las condiciones en 20 días (art. 7); si hay incumplimientos, el interesado tiene 5 días para demostrarlos cumplidos (art. 8); luego vienen la aceptación o el rechazo, el análisis de la empresa, la visita de validación (cuyas acciones requeridas se cumplen en máximo 30 días, prorrogables por 30 más en casos justificados), el concepto técnico en 10 días y la decisión de fondo del Director General de la DIAN dentro de los 30 días siguientes a la consolidación de los conceptos (art. 15). El tiempo total depende de qué tan preparada llegue la empresa y de las acciones que haya que cerrar; por eso conviene ordenar antes de radicar.

Las autoridades de control visitan las instalaciones para validar los requisitos mínimos, ejecutan procedimientos de evaluación y levantan un acta con fortalezas, recomendaciones y acciones requeridas, junto con el término para cumplirlas, que no puede exceder 30 días después de la visita (prorrogable por 30 más por el Comité Técnico en casos justificados); la verificación de lo cumplido se hace dentro de los 20 días siguientes a que el interesado avise (Resolución 15 de 2016, art. 13). Llegar con los procedimientos documentados y con evidencia de su aplicación es lo que más pesa.

El Decreto 3568 (art. 8) prevé, entre otros, la disminución del número de reconocimientos, inspecciones físicas y documentales; procedimientos especiales y simplificados cuando el análisis de riesgo determina una inspección; canales especiales para las operaciones; actuación directa de importadores y exportadores como declarantes; reducción del monto de las garantías globales; pago consolidado de tributos para el importador que actúa como declarante; y un oficial de operaciones. La Resolución 15 (art. 18) precisa que los trámites del OEA tendrán prioridad y que la reducción de las garantías globales es del 20%. El Decreto 1165 de 2019 (art. 23, num. 2) suma tratamientos como no constituir garantías, atención preferencial y pago consolidado, según el tipo de usuario. Lo que la norma no promete es un levante inmediato: esos beneficios se otorgan sin perjuicio de los sistemas de análisis de riesgo y del control posterior (Decreto 3568, art. 8, par. 2).

No. Los beneficios operativos se otorgan sin perjuicio de las facultades legales de las entidades en aplicación de sus sistemas de análisis de riesgos y del control posterior (Decreto 3568, art. 8, par. 2). Y un error en una declaración sigue siendo una infracción: la Ley 2586 de 2026 solo prevé, para el OEA que comete por segunda vez la misma conducta sancionable dentro de los dos años siguientes al Requerimiento Especial Aduanero, una reducción de la sanción al 30% (art. 18, num. 5). Para el régimen de errores en declaraciones véase aduanas.

El trámite ante la autoridad es gratuito y pueden acceder pequeñas, medianas y grandes empresas (Decreto 3568, art. 5). El costo real está en cumplir y sostener los estándares de seguridad, los procedimientos documentados y el seguimiento; eso depende de cada empresa y no se puede fijar en abstracto. Ligal le ayuda a medir ese esfuerzo contra los beneficios que usted usaría.

La autorización tiene vigencia indefinida, salvo que se presente una causal de interrupción o cancelación (Decreto 3568, art. 10), y se verifica periódicamente: la revalidación se realiza en un plazo de dos años después de expedida la autorización, por visita o de forma documental (Resolución 15, art. 17). El OEA debe cumplir de forma permanente las condiciones y requisitos, informar cualquier novedad a la DIAN, reportar operaciones sospechosas, permitir las visitas, designar un representante líder y su suplente y usar la autorización solo para sus propias operaciones (Decreto 3568, art. 15).

Es una medida cautelar. La Ley 2586 de 2026 prevé como causales (art. 77): incumplir las obligaciones, condiciones o requisitos mínimos del Decreto 3568; que se materialice un incidente en las operaciones; la suspensión de calidades, permisos o registros requeridos; la suspensión de la inscripción en el RUT; orden judicial; u obtener la autorización por medios irregulares o fraudulentos. La Subdirección del OEA adopta la medida mediante acto sin recurso dentro de los 10 días hábiles siguientes a recibir la información en debida forma, y el OEA tiene 15 días hábiles desde la notificación para subsanar o desvirtuar la causal (salvo en caso de incidente, donde se practica una visita de verificación dentro de los 30 días hábiles). Luego el Comité Técnico emite concepto vinculante sobre levantar la medida o iniciar la cancelación (art. 78). Si es la DIAN la que suspende, el plazo corre desde la notificación; por eso se actúa de inmediato.

La Ley 2586 (art. 79) prevé como causales de cancelación: obtener la autorización por medios irregulares o fraudulentos comprobados; que la visita de verificación de un incidente concluya que este se materializó por fallas en los procedimientos, controles o medidas de seguridad; una sentencia condenatoria en firme contra el OEA o las personas que enumera, proferida como resultado de la investigación penal de un incidente; no subsanar la causal que originó la suspensión; u orden judicial. Para las causales 1, 2 y 4, el Subdirector profiere el acto de cancelación dentro de los 30 días hábiles siguientes al concepto del Comité Técnico (art. 80). Contra la cancelación proceden los recursos de reposición y apelación (Ley 1437 de 2011), salvo que se fundamente en sentencia condenatoria o en orden judicial, caso en el que no procede recurso (art. 80, par. 1).

No necesariamente. La suspensión de beneficios o la cancelación de la autorización OEA no implica la pérdida o cancelación de la autorización, habilitación, calificación o registro como usuario aduanero, a menos que los hechos constituyan una causal que dé lugar a ello (Ley 2586, art. 76). Además, si los mismos hechos constituyen una infracción aduanera, se adelantan procesos separados: uno para sancionar y otro para suspender o cancelar el OEA; y esos procedimientos se adelantan sin perjuicio de otras responsabilidades, incluida la penal. Por eso conviene una defensa coordinada de los frentes aduanero y, si lo hubiera, penal.

Hay dos momentos. Si el solicitante no cumple las condiciones del artículo 6 y no lo demuestra en el término previsto, la solicitud se rechaza sin que proceda recurso contra el acto de rechazo (Decreto 3568, art. 6, par. 3). Si se llega a la decisión de fondo y la autorización se niega, contra ese acto procede el recurso de reposición (art. 9, par. 2). Si la calificación del sistema de administración de riesgos es desfavorable, procede reposición y apelación (art. 6, par. 5). La estrategia es distinta en cada caso; se define con los documentos.

Ligal es una firma especializada en derecho tributario, aduanero y penal tributario. Bajo la dirección de Juan Santiago Rodríguez Prieto, abogado tributarista ex-DIAN, junto a Jeysson Pulido, contador, y LIGAL Auditores (contadores públicos), combinamos la lectura jurídica del régimen OEA con el análisis contable de las condiciones y lo representamos ante la DIAN, desde la solicitud hasta el recurso. Nuestro trabajo está respaldado por 5,0 / 5 en Google con 36 reseñas: https://share.google/VVzMvULrOj8Mj52Au. El equipo atiende casos reales de aduanas, fiscalización y litigio. Ningún resultado está garantizado.