Un protocolo de familia pone por escrito cómo se gobierna la empresa: quién dirige, cómo entran y salen familiares, cómo se reparten los dividendos, qué pasa si alguien quiere vender y qué se hace cuando falta el fundador. Por sí solo es un acuerdo de gobierno; para que obligue a la sociedad y a cada accionista hay que llevarlo a los estatutos y a un acuerdo de accionistas, y coordinarlo con la holding, la fiducia, el testamento y el efecto tributario. Ligal lo diseña de punta a punta, con abogados, contadores y experiencia ex-DIAN.
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Un protocolo de familia es el documento en el que los miembros de una familia dueña de una empresa acuerdan cómo se gobierna: quién dirige y cómo se elige y se releva a quien dirige, cuándo y en qué condiciones entran familiares a trabajar o a ser accionistas, cómo se reparten los dividendos y se remunera a quienes trabajan en la empresa, qué pasa si alguien quiere vender sus acciones, cómo se resuelven los conflictos y qué ocurre cuando falta el fundador. Hasta donde pudimos verificar, no es una figura con régimen propio en la ley colombiana: su eficacia depende de los instrumentos jurídicos que lo respalden. Cuando la empresa es una SAS, la Ley 1258 de 2008 ofrece herramientas: los estatutos determinan libremente la estructura orgánica (art. 17); pueden prohibir negociar las acciones por hasta diez años, prorrogables por unanimidad (art. 13), someter toda transferencia a la autorización previa de la asamblea (art. 14), prever causales de exclusión de accionistas (art. 39) y someter los conflictos a arbitraje o amigable composición (art. 40). Una negociación de acciones que viole esas restricciones es ineficaz de pleno derecho (art. 15), y esas cláusulas solo pueden incluirse o modificarse con el voto del 100% de las acciones suscritas (art. 41).
Los acuerdos de accionistas son el segundo instrumento. En la SAS pueden versar sobre la compra o venta de acciones, la preferencia para adquirirlas, las restricciones para transferirlas, el ejercicio del voto, la persona que representará las acciones en la asamblea y cualquier otro asunto lícito, y la compañía debe acatarlos cuando se hayan depositado en las oficinas donde funcione la administración, siempre que su término no sea superior a diez años, prorrogables por voluntad unánime de sus suscriptores por períodos de hasta diez años; el presidente de la asamblea no computa el voto emitido en contravención de un acuerdo debidamente depositado (Ley 1258, art. 24 y parágrafo 1). En otras sociedades, la Ley 222 de 1995 (art. 70) permite que dos o más accionistas que no sean administradores celebren acuerdos para votar en igual o determinado sentido, con efectos frente a la sociedad si constan por escrito y se entregan al representante legal para su depósito. Además, los accionistas de la SAS deben ejercer el voto en el interés de la compañía y el voto abusivo genera responsabilidad (Ley 1258, art. 43). El protocolo puede quedar como documento de gobierno de la familia y llevar a los estatutos y al acuerdo de accionistas las reglas que deben obligar a la sociedad y a cada accionista. Se conecta con la holding y la fiducia, que concentran la propiedad, y con el testamento, que debe respetar las legítimas del Código Civil. Reorganizar la propiedad tiene efectos tributarios: el aporte de bienes a una sociedad nacional puede no ser enajenación si se cumplen las condiciones del artículo 319 del Estatuto Tributario y las partes manifiestan expresamente acogerse a él, porque de lo contrario se trata como enajenación (art. 319-1); y las donaciones y herencias son ganancia ocasional (art. 302), con tarifa del 15% para residentes (art. 314). Véase holding familiar y fiducia, planeación patrimonial, sociedades en Colombia y donación en vida a los hijos.
Claves de un protocolo de familia
Ligal diseña el protocolo con la familia y lo traduce a los instrumentos que lo hacen exigible, coordinando holding, fiducia, testamento y efecto tributario, sin prometer resultados.
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Revisamos la estructura societaria, los accionistas y sus porcentajes, los cargos, la política de dividendos, los estatutos vigentes, los acuerdos previos y los riesgos de sucesión: quién controla hoy, qué pasa si falta el fundador y dónde están los puntos de conflicto.
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Redactamos el protocolo y llevamos sus reglas a los estatutos y a un acuerdo de accionistas: entrada y salida de familiares, restricciones y preferencia en la venta de acciones, exclusión, mayorías, solución de conflictos y depósito para que obligue a la compañía.
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Evaluamos si conviene una holding o una fiducia y cómo aportar los bienes. Jeysson Pulido y LIGAL Auditores reconstruyen el costo fiscal y proyectan el efecto de los aportes, los dividendos y las donaciones antes de mover un solo activo.
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Coordinamos el protocolo con el testamento y las legítimas, definimos el mecanismo de solución de conflictos y, si la disputa ya existe, evaluamos las vías disponibles y su efecto tributario.
Un protocolo de familia combina derecho societario, sucesiones y tributación. En Ligal lo atiende el mismo equipo, del diseño a la ejecución.
Director · Abogado tributarista ex-DIAN
Dirige el diseño jurídico y tributario de punta a punta: protocolo, estatutos, acuerdo de accionistas, estructura patrimonial y revisión de riesgos frente a la administración tributaria.
Contador · Costo fiscal y soporte contable
Reconstruye el costo fiscal de los bienes, verifica la contabilidad y proyecta los efectos tributarios de dividendos, aportes, enajenaciones y donaciones.
Contadores públicos
Revisión contable, valoraciones y certificaciones que respaldan la estructura y la dejan lista para futuras revisiones de la DIAN.
Un protocolo que no se lleva a los estatutos ni a un acuerdo de accionistas depositado no obliga a la sociedad ni a quien no lo firmó. Las restricciones a la venta de acciones, la autorización de la asamblea y los acuerdos de voto tienen su propio camino en la ley (Ley 1258, arts. 13, 14 y 24).
Aportar bienes a una sociedad sin manifestar expresamente la voluntad de acogerse al artículo 319 puede tratarse como una enajenación sometida a renta (art. 319-1), y las donaciones y herencias son ganancia ocasional (arts. 302 y 314). Se mide antes de firmar.
Con el fundador ausente, cada rama de la familia lee el silencio a su favor. Pactar con anticipación quién dirige, cómo se vende y cómo se resuelven los conflictos, y coordinar el testamento con las legítimas, evita la disputa en el peor momento.
Con la empresa en mano, lo primero es saber qué tipo de sociedad es, quiénes son los accionistas y qué dicen los estatutos y los acuerdos vigentes. Con ese mapa se identifican los puntos de conflicto, se acuerda con la familia el protocolo y se decide qué reglas deben quedar en los estatutos y en un acuerdo de accionistas, y si conviene una holding, una fiducia o un testamento coordinado. Ligal ordena la ruta completa, del protocolo al efecto tributario. Juan Santiago Rodríguez Prieto, abogado tributarista ex-DIAN, dirige la estrategia junto al contador Jeysson Pulido y LIGAL Auditores (contadores públicos). El equipo, con abogados, contadores y experiencia directa dentro de la DIAN, atiende casos reales de fiscalización, cobro coactivo y litigio tributario.
Tenga en cuenta: cada familia y cada sociedad son distintas. Ligal evalúa la situación y define la ruta sin prometer resultados.
Director
Juan Santiago Rodríguez Prieto
Abogado tributarista · Ex-DIAN
Cuanto antes se acuerdan las reglas, menos se discuten en medio de un conflicto. Evaluamos su caso en un día hábil. Use el formulario o abra Diagnóstico.
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HoyRevisamos los estatutos, la composición accionaria, los acuerdos previos, el árbol familiar y un resumen del patrimonio de la empresa y de la familia.
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1 día hábilPrecisamos quién controla hoy, dónde están los puntos de conflicto, qué pasa si falta el fundador y qué instrumentos ya existen.
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InmediatoDefinimos el protocolo, las reglas que van a los estatutos y al acuerdo de accionistas, la estructura patrimonial y el orden de los pasos.
Preguntas frecuentes
Es el documento en el que los miembros de una familia dueña de una empresa acuerdan cómo se gobierna: quién dirige y cómo se releva a quien dirige, cuándo y en qué condiciones entran familiares a trabajar o a ser accionistas, cómo se reparten los dividendos y se remunera a quienes trabajan en la empresa, qué pasa si alguien quiere vender sus acciones, cómo se resuelven los conflictos y qué se hace cuando falta el fundador. Su objetivo es evitar peleas cuando entren los hijos o falte el fundador, dejando las reglas pactadas con anticipación.
Hasta donde pudimos verificar, no es una figura con régimen propio en la ley colombiana, de modo que su valor jurídico depende de cómo se instrumente. Como acuerdo entre quienes lo firman puede tener efectos entre ellos según su redacción; pero para que obligue a la sociedad y a cada accionista hay que llevar sus reglas a los estatutos y a un acuerdo de accionistas depositado. En una SAS la Ley 1258 de 2008 da herramientas específicas (arts. 13, 14, 15, 24, 39, 40 y 41). Un protocolo sin esos instrumentos suele funcionar como compromiso moral y de buena fe, útil pero frágil en un conflicto.
El protocolo es el marco de gobierno de la familia; puede incluir reglas que no son societarias, como la política de entrada de familiares. Los estatutos son el contrato de la sociedad, inscrito en el Registro Mercantil, y en la SAS determinan libremente la estructura orgánica y pueden contener restricciones a la negociación de acciones, exclusión y arbitraje (Ley 1258, arts. 5, 13, 14, 17, 39 y 40). El acuerdo de accionistas es un pacto entre accionistas sobre venta de acciones, preferencia, voto y cualquier asunto lícito, que la compañía debe acatar si está depositado (art. 24). Lo habitual es redactar los tres de manera coordinada.
Llevando sus reglas a dos instrumentos. Primero, los estatutos: las restricciones de los artículos 13, 14, 39 y 40 de la Ley 1258 solo pueden incluirse o modificarse con el voto del 100% de las acciones suscritas (art. 41), y toda negociación de acciones hecha en contravención de las restricciones estatutarias es ineficaz de pleno derecho (art. 15). Segundo, un acuerdo de accionistas depositado en las oficinas de la administración: la compañía debe acatarlo, su término no puede superar diez años (prorrogables por unanimidad por períodos de hasta diez años) y el presidente de la asamblea no computa el voto emitido en contravención (art. 24 y parágrafo 1).
En una SAS, los estatutos pueden prohibir la negociación de las acciones por hasta diez años contados desde la emisión (prorrogables por unanimidad por períodos de hasta diez años) y pueden someter toda negociación a la autorización previa de la asamblea (Ley 1258, arts. 13 y 14); un acuerdo de accionistas puede regular la preferencia para adquirirlas y las restricciones para transferirlas (art. 24). Son restricciones temporales y deben pactarse con el voto del 100% de las acciones suscritas (art. 41). Qué combinación conviene depende de la familia y debe diseñarse con valoración y mecanismos de salida.
Sí, el protocolo es un acuerdo de gobierno y puede hacerse para cualquier tipo de sociedad. Lo que cambia son los instrumentos jurídicos para respaldarlo, porque la Ley 1258 de 2008 regula la SAS. Para otras sociedades, la Ley 222 de 1995 (art. 70) permite que dos o más accionistas que no sean administradores celebren acuerdos para votar en igual o determinado sentido, con efectos frente a la sociedad si constan por escrito y se entregan al representante legal para su depósito. Cuando conviene, se evalúa transformar la sociedad o crear una holding con estatutos más flexibles.
El protocolo fija las reglas; la holding y la fiducia son vehículos para concentrar la propiedad y las instrucciones; el testamento decide la transmisión a la muerte. Una holding familiar reúne las acciones de la familia bajo un solo gobierno societario, y una fiducia mercantil transfiere los bienes a un patrimonio autónomo con instrucciones y beneficiarios definidos. El testamento debe respetar las legítimas que fija el Código Civil, por lo que conviene coordinarlo con el protocolo y con los estatutos para que no se contradigan. Ninguno de estos vehículos protege frente a deudas que ya existen.
Depende del instrumento. El aporte de bienes en dinero o en especie a una sociedad nacional no es enajenación ni genera ingreso gravado para la sociedad ni para el aportante si se cumplen las condiciones del artículo 319 del Estatuto Tributario, entre ellas que en el documento las partes declaren expresamente sujetarse a esa norma; si no lo manifiestan, el aporte se considera una enajenación sometida a renta (art. 319-1). Las donaciones, las herencias y los actos gratuitos entre vivos son ganancia ocasional (art. 302), con tarifa del 15% para personas naturales residentes (art. 314). Los dividendos que reciban los familiares como personas naturales residentes se rigen por el artículo 242. Todo se mide antes de firmar.
En la SAS, los estatutos pueden someter a decisión arbitral o de amigables componedores las diferencias entre accionistas, o con la sociedad o sus administradores, en desarrollo del contrato social, si así se pacta (Ley 1258, art. 40). Esa cláusula solo puede incluirse o modificarse con el voto del 100% de las acciones suscritas (art. 41). Además, los accionistas deben ejercer el voto en el interés de la compañía y el voto abusivo genera responsabilidad (art. 43). El protocolo suele prever una escala: diálogo, un mediador independiente y, si no hay acuerdo, el mecanismo estatutario.
Cuanto antes, y con el fundador presente. Es más fácil acordar reglas generales cuando todavía no hay un conflicto concreto ni una herencia en disputa. Conviene que participen las distintas ramas de la familia y que se revise el efecto de la sociedad conyugal y de las capitulaciones sobre las participaciones. Las reglas que deban obligar a la sociedad requieren, además, los pasos societarios descritos arriba.
No. El protocolo ordena el gobierno de la empresa y de la familia; no reemplaza la planeación patrimonial ni protege frente a deudas que ya existen. Las transferencias hechas para perjudicar a los acreedores pueden atacarse judicialmente. Por eso el protocolo se diseña dentro de una estrategia patrimonial más amplia, con la revisión de riesgos que corresponda.
Ligal es una firma especializada en derecho tributario y planeación patrimonial. Bajo la dirección de Juan Santiago Rodríguez Prieto, abogado tributarista ex-DIAN, junto a Jeysson Pulido, contador, y LIGAL Auditores (contadores públicos), combinamos el diseño jurídico con el cálculo tributario y ordenamos el protocolo de punta a punta: la conversación familiar, los estatutos, el acuerdo de accionistas, la estructura patrimonial y el efecto tributario. Nuestro trabajo está respaldado por 5,0 / 5 en Google con 36 reseñas: https://share.google/VVzMvULrOj8Mj52Au. El equipo atiende casos reales de fiscalización, cobro coactivo y litigio tributario. Ningún resultado está garantizado.
Gratis. Adjunte los estatutos, la composición accionaria y un resumen de la situación familiar. Evaluamos los puntos de conflicto y la ruta.