Reorganización empresarial y deudas con la DIAN:
protección patrimonial, suspensión de cobro y negociación concursal con la firma de referencia en derecho tributario en Colombia.

El artículo 9 de la Ley 1116 de 2006 exige encontrarse en situación de cesación de pagos o de incapacidad de pago inminente. La cesación de pagos se configura cuando el deudor incumple el pago por más de 90 días de dos o más obligaciones a favor de dos o más acreedores, o cursan en su contra dos o más demandas de ejecución presentadas por dos o más acreedores; en ambos casos, el valor acumulado de tales acreencias debe representar al menos el 10% del pasivo total. Por su parte, la incapacidad de pago inminente se presenta cuando el deudor prevé la imposibilidad de atender de manera oportuna sus obligaciones próximas.

Conforme al artículo 24 de la Ley 1116 de 2006, cada acreedor tiene derecho a un voto por cada peso de acreencia cierta, computando únicamente el capital sin intereses, multas ni sanciones, salvo aquellas provenientes de un acto administrativo en firme. Para la celebración del acuerdo, el artículo 31 establece un plazo improrrogable de 4 meses y exige la mayoría absoluta de los votos admitidos, la cual debe incluir votos favorables de al menos 3 de las 5 categorías de acreedores: laborales, entidades públicas (categoría donde vota la DIAN), instituciones financieras, acreedores internos y demás acreedores comunes. No obstante, si el acuerdo se aprueba con una mayoría igual o superior al 75% del total de votos admitidos, no se requiere la aprobación por categorías.

El artículo 34 de la Ley 1116 de 2006 estipula que el acuerdo de reorganización debe respetar la prelación legal de créditos conforme al Título XL del Libro Cuarto del Código Civil, en el cual los créditos fiscales gozan de primera clase. Sin embargo, dicho artículo dispone de manera expresa que los créditos de la DIAN y de los demás acreedores fiscales no quedan sujetos a los términos y condiciones previstos en el Estatuto Tributario para facilidades de pago o tasas de interés, sino que se rigen íntegramente por las resultas del acuerdo concursal. Adicionalmente, el parágrafo 3 del artículo 34 establece que los créditos por IVA descontable a favor de la empresa se aplicarán para atender las acreencias fiscales debidas.

Una vez confirmado el acuerdo de reorganización, este resulta obligatorio para todos los acreedores (artículo 40). En materia tributaria, el parágrafo 1 del artículo 40 establece que la empresa estará exonerada de liquidar renta presuntiva durante los tres (3) primeros años contados a partir de la fecha de confirmación. Asimismo, el parágrafo 2 consagra el derecho a la devolución trimestral del saldo a favor originado en retenciones en la fuente que le hayan sido practicadas, a partir del mes siguiente a la confirmación y por un término máximo de tres (3) años.

El artículo 41 parágrafo 3 de la Ley 1116 de 2006 (adicionado por el artículo 85 de la Ley 2277 de 2022) dispone que la prelación de la DIAN no constituirá obstáculo para la celebración del acuerdo si se constituye una garantía real, mobiliaria o póliza de seguro por el valor de la acreencia. La norma califica expresamente como falta disciplinaria la obstaculización injustificada del acuerdo por parte de los funcionarios de la administración tributaria. Asimismo, el artículo 41 permite compartir a prorrata la prelación de la DIAN con quienes suministren recursos frescos a la empresa (cada peso nuevo otorga prelación a un peso de deuda anterior).

Las obligaciones tributarias causadas con posterioridad al auto de inicio del proceso no forman parte del acuerdo, sino que constituyen gastos de administración conforme al artículo 71 de la Ley 1116 de 2006 y deben pagarse oportunamente a su vencimiento; su incumplimiento pone en riesgo el proceso concursal. En cuanto a la diferencia con la facilidad de pago del Estatuto Tributario, esta última es un acuerdo individual celebrado directamente con la DIAN dentro del cobro coactivo, mientras que la reorganización empresarial es un proceso concursal de orden judicial ante el juez del concurso (Superintendencia de Sociedades o juez civil) que vincula universalmente a todos los acreedores y permite reestructurar globalmente las deudas de la compañía.