Un registro y allanamiento penal no es una visita de fiscalización de la DIAN: lo ordena la Fiscalía, lo ejecuta la policía judicial y tiene control posterior ante un juez de control de garantías. Usted tiene derecho a asesorarse de un abogado, a guardar silencio y a pedir copia del acta. Ligal lleva la defensa de punta a punta, ante la Fiscalía y ante la DIAN, con abogados, contadores y experiencia ex-DIAN.
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La visita de fiscalización de la DIAN es un medio de prueba del procedimiento tributario: la inspección tributaria se decreta mediante auto notificado, que indica los hechos materia de la prueba y los funcionarios comisionados, y de ella se levanta un acta (Estatuto Tributario, art. 779); la inspección contable también termina en acta, de la que se entrega copia una vez cerrada y suscrita (art. 782). El registro y allanamiento penal, en cambio, es una diligencia de investigación del proceso penal regulado por la Ley 906 de 2004: el fiscal que dirige la investigación puede ordenarlo, para obtener elementos materiales probatorios y evidencia física, y lo realiza la policía judicial (art. 219). Solo procede con motivos razonablemente fundados de que el delito investigado tiene como probable autor o partícipe al propietario o tenedor del bien, o de que allí están los instrumentos o el producto del delito (art. 220), respaldados al menos en un informe de policía judicial, una declaración jurada o elementos materiales probatorios (art. 221). La orden debe determinar los lugares que se van a registrar, y no se permiten órdenes indiscriminadas o que señalen el bien de forma global (art. 222); se debe diligenciar dentro de 30 días en la indagación o 15 después de la imputación, con una sola prórroga (art. 224).
Durante la diligencia la policía judicial debe limitarse a los lugares autorizados, procurar la menor restricción posible de los derechos y levantar un acta con los lugares registrados, los objetos incautados y las personas capturadas; el acta se lee a los afectados, quienes pueden pedir que se consignen sus discrepancias, y si se niegan a firmar el funcionario deja constancia bajo juramento (art. 225). Si el procedimiento ocurre entre las 6:00 p. m. y las 6:00 a. m. debe acompañarlo la Procuraduría, pero no se suspende por su ausencia (art. 225, par.). Los propietarios o tenedores tienen derecho a copia del acta (art. 227). Después la policía judicial informa al fiscal y le remite el inventario (art. 228), y el allanamiento queda sujeto a un control de legalidad posterior ante el juez de control de garantías, dentro de los términos legales; la empresa debe actuar de inmediato, con un enfoque tributario y de la DIAN. Si la orden carece de requisitos esenciales, la diligencia es inválida y la evidencia que dependa de ella se excluye (art. 232). No son registrables las comunicaciones escritas entre el indiciado y sus abogados ni los archivos con información confidencial de esa relación (art. 223). Aunque la Fiscalía actúe por un posible delito tributario, los tipos de los artículos 434A y 434B del Código Penal exigen que el monto esté “definido por liquidación oficial”; por eso un registro en esa fase suele ser un indicio de que se investigan otros tipos penales, y conviene que un abogado lea la orden.
Claves de un registro y allanamiento penal
Ligal lleva la defensa de punta a punta: desde las primeras horas en el sitio hasta el control de legalidad, la defensa de fondo y la discusión tributaria, sin prometer resultados.
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Revisamos qué orden se exhibió, quién la firmó, qué lugares autoriza, qué delito menciona y si el alcance de lo incautado corresponde a lo ordenado. Verificamos el acta, las observaciones que deben quedar escritas y el inventario de equipos y documentos.
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Evaluamos si hay fundamento para cuestionar la legalidad del registro: motivos fundados, determinación de los lugares, plazo de la orden, objetos que no podían registrarse. Si hay fallas, planteamos la exclusión de la evidencia ilegalmente obtenida.
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Con Jeysson Pulido y LIGAL Auditores identificamos qué información se llevaron, qué copias existen y qué se necesita para seguir operando y para sustentar la contabilidad ante la DIAN y la Fiscalía. Vigilamos la integridad y la cadena de custodia de lo recolectado.
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Asumimos la defensa técnica de la empresa y de las personas citadas, y la coordinamos con la discusión ante la DIAN para que lo que se diga o se pague en un frente no perjudique al otro.
Un allanamiento por posible delito tributario se juega en la diligencia, en el control de legalidad y en la contabilidad. En Ligal los atiende el mismo equipo.
Director · Abogado tributarista ex-DIAN
Dirige la estrategia jurídica de punta a punta: la actuación en la diligencia, el control de legalidad, la defensa ante la Fiscalía y la discusión con la DIAN.
Contador · Cuantificación y trazabilidad
Reconstruye cifras y soportes, identifica qué información se incautó y qué copias existen, y cuantifica los escenarios tributarios.
Contadores públicos
Soporte contable y técnico para ordenar la información de la empresa y sustentar las cifras ante la DIAN y la Fiscalía.
El consentimiento para registrar sin orden debe ser expreso y libre, y la mera ausencia de objeciones no basta. Pida ver la orden y llame a su abogado antes de autorizar nada o firmar el acta.
Tiene derecho a guardar silencio y a no declarar contra sí mismo ni contra sus parientes cercanos. Lo que diga sin asesoría puede usarse. Primero se revisa la orden y el caso.
Destruir, ocultar o modificar documentos o datos después de una actuación judicial puede agravar su situación. Conserve todo como está y deje que su equipo defina cómo documentar lo ocurrido.
En las primeras horas conviene pedir la orden y leerla, comunicar de inmediato a un abogado, no firmar ni declarar sin él, anotar quién estuvo, qué se llevó y qué observaciones se hicieron constar en el acta, y pedir copia del acta y del inventario. En las horas siguientes se revisa si el procedimiento respetó los requisitos de la ley y se prepara la audiencia de control de legalidad ante el juez de garantías. En paralelo se identifica qué información quedó en poder de la Fiscalía, qué copias existen y qué actuaciones de la DIAN están abiertas. Ligal lleva la defensa de punta a punta, ante la Fiscalía y ante la DIAN, con una sola estrategia. Juan Santiago Rodríguez Prieto, abogado tributarista ex-DIAN, dirige la estrategia junto al contador Jeysson Pulido y LIGAL Auditores (contadores públicos). El equipo, con abogados, contadores y experiencia directa dentro de la DIAN, atiende casos reales de fiscalización, cobro coactivo y litigio tributario.
Tenga en cuenta: cada caso depende de sus hechos y de su etapa. Ligal evalúa la situación y define la estrategia sin prometer resultados.
Director
Juan Santiago Rodríguez Prieto
Abogado tributarista · Ex-DIAN
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HoyRevisamos la orden, el acta, el inventario, las citaciones y cualquier acto de la DIAN abierto.
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48 h hábilesPrecisamos qué delito se menciona, qué se incautó, si hay base para cuestionar la legalidad y qué riesgo existe en el frente tributario.
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InmediatoDefinimos la actuación ante el juez de garantías, la defensa ante la Fiscalía y la discusión ante la DIAN, y quién presenta qué y cuándo.
Preguntas frecuentes
Puede pedir ver la orden y leerla, comunicarse con un abogado, exigir que sus observaciones queden en el acta y obtener copia de ella (Ley 906 de 2004, arts. 225 y 227). Quien advierta que hay una investigación en su contra puede asesorarse de abogado (art. 267) y, si es interrogado como indiciado, tiene derecho a guardar silencio y a no declarar contra sí mismo ni contra sus parientes cercanos (art. 282). Ejerza esos derechos con calma: no se trata de obstruir, sino de que nada se firme ni se diga sin asesoría.
La visita de la DIAN es una inspección tributaria o contable del procedimiento tributario, decretada por auto, con funcionarios comisionados y acta (Estatuto Tributario, arts. 779 y 782). El registro y allanamiento penal lo ordena el fiscal y lo ejecuta la policía judicial dentro de una investigación penal, y tiene control posterior ante un juez de garantías (Ley 906 de 2004, art. 219 y ss.). Las consecuencias, los derechos y las defensas son distintos. Para la primera véase la visita de fiscalización.
Por regla general sí: una orden del fiscal basada en motivos razonablemente fundados, que determine los lugares a registrar (arts. 219 a 222). La ley prevé excepciones, entre ellas el consentimiento expreso y libre del propietario o tenedor, la ausencia de expectativa razonable de intimidad y situaciones de emergencia (art. 230), todas con control posterior de legalidad. Por eso no debe consentir sin consultar a su abogado.
El acta resume la diligencia con los lugares registrados, los objetos incautados, las personas capturadas y si hubo oposición; se lee a los afectados y se les pide firmarla si están de acuerdo (art. 225). Si hay discrepancias, deben consignarse todas las precisiones que soliciten; si aun así se niegan a firmar, el funcionario deja constancia bajo juramento. Debe identificar y describir todas las cosas examinadas o incautadas (art. 227). No firme sin leerla y sin que consten sus observaciones; lo mejor es hacerlo con su abogado presente.
Los bienes incautados se limitan, en principio, a los señalados en la orden, salvo flagrancia o que aparezcan elementos de otro delito (art. 225). La cadena de custodia busca demostrar la autenticidad de los elementos: su identidad, estado original, condiciones de recolección, preservación, embalaje y envío, y quién los tuvo (art. 254). Pida el inventario, anote cómo se embalaron los equipos y reclame cualquier vacío. Como criterio práctico, conviene documentar si se hizo copia forense y qué información de la empresa queda sin acceso para operar.
Las comunicaciones escritas entre el indiciado, imputado o acusado y sus abogados, y los archivos con información confidencial de esa relación, no son susceptibles de registro, incluidos los documentos digitales (art. 223). La restricción no aplica si el privilegio desaparece, por ejemplo por renuncia o porque la persona esté vinculada como partícipe del delito investigado. Si en el equipo incautado hay comunicaciones con su abogado, adviértalo de inmediato a su defensa.
El allanamiento queda sujeto a un control de legalidad posterior ante el juez de control de garantías, dentro de los términos legales. La empresa debe actuar de inmediato, con un enfoque tributario y de la DIAN, y no esperar a esa audiencia para preparar su defensa. Si la orden carecía de requisitos esenciales, la diligencia es inválida y la evidencia que dependa directa y exclusivamente del registro carece de valor (art. 232). Solo puede alegar la violación quien sea indiciado, imputado o titular del dominio, la posesión o la tenencia del bien (art. 231). Si la defensa no intervino en esa audiencia, puede pedir la exclusión en otra audiencia preliminar o en la preparatoria (art. 238).
Como criterio práctico: obtenga copia de la orden, el acta y el inventario; designe a su abogado y canalice por él toda comunicación con la Fiscalía y la DIAN; no declare ni firme nada sin él; reúna copias de los contratos, declaraciones y soportes que sigan en su poder; identifique quién estuvo en la diligencia y qué se dijo; y revise si hay actuaciones de la DIAN abiertas (requerimientos, liquidaciones) cuyos plazos corran en paralelo. Cada caso exige un plan propio.
Con un solo equipo y una sola estrategia. Los delitos de los artículos 434A y 434B del Código Penal exigen un monto definido por liquidación oficial, y la acción penal procede cuando no hay recursos en trámite en vía administrativa o no existe una interpretación razonable del derecho aplicable, siempre que los hechos y cifras declarados sean completos y verdaderos; además, el pago de impuestos, sanciones e intereses puede extinguir la acción penal hasta por dos ocasiones en esos dos delitos. Cómo juegan esas reglas en su caso depende de qué delito se investiga. Ligal lleva la defensa de punta a punta en ambos frentes.
Ligal es una firma especializada en derecho tributario y penal tributario. Bajo la dirección de Juan Santiago Rodríguez Prieto, abogado tributarista ex-DIAN, junto a Jeysson Pulido, contador, y LIGAL Auditores (contadores públicos), combinamos el argumento jurídico con el manejo de la prueba contable y llevamos la defensa de punta a punta, ante la Fiscalía y ante la DIAN. Nuestro trabajo está respaldado por 5,0 / 5 en Google con 36 reseñas: https://share.google/VVzMvULrOj8Mj52Au. El equipo atiende casos reales de fiscalización, cobro coactivo y litigio tributario. Ningún resultado está garantizado.
Gratis. Adjunte la orden, el acta, el inventario y cualquier acto de la DIAN. Evaluamos el riesgo y la estrategia.