La DIAN puede aprehender mercancía cuando, en un control previo, simultáneo o posterior, determina que no hay capacidad económica y financiera para la operación o que no se acreditó el origen legal de los fondos, y esa causal debe estar soportada en estudios y evidencias previas. Ligal reconstruye la prueba de sus fondos, presenta el escrito de objeciones dentro del plazo y lleva la defensa de punta a punta, incluido el riesgo penal si aparece, con abogados, contadores y experiencia ex-DIAN.
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En la práctica se le llama “solvencia económica”, pero el texto vigente es la Ley 2586 de 2026, que rige desde su promulgación (19 de junio de 2026) y derogó el Decreto Ley 920 de 2023, declarado inexequible por la sentencia C-072 de 2025. Su artículo 7, numeral 8.2, regula la medida cautelar por capacidad económica y financiera y/o origen legal de los fondos: en los controles previo, simultáneo y posterior procede cuando el consignatario, destinatario, importador o exportador no demuestre esa capacidad o ese origen. La ley la define como las condiciones que demuestran ante la autoridad aduanera que los recursos soportan el cien por ciento (100%) de la operación de comercio exterior, que son reales y están legalmente sustentados. La DIAN puede consultar bases de datos, hacer visitas in situ, practicar pruebas y pedir información, y debe tener en cuenta las particularidades de la negociación, de la operación y de la actividad económica. Para las personas jurídicas y las personas naturales comerciantes, la prueba son los estados financieros separados, completos, certificados por el representante legal o el contador y/o dictaminados por revisor fiscal, de los 2 últimos años, y un certificado de origen legal de los fondos firmado por el representante legal y el contador o revisor fiscal; si se constituyeron en la misma vigencia, el estado de situación financiera de apertura. Para la persona natural no comerciante, evidencia documental suficiente y apropiada. El usuario puede aportar la información que considere útil y la DIAN debe valorarla.
La conclusión consta en un acta de hechos: si no se acredita, procede la aprehensión; si se acredita, la medida cautelar se levanta de inmediato, y la verificación vale durante el año fiscal en que se hizo. La aprehensión como tal es una causal del artículo 26, numeral 6: la inexistencia de la dirección registrada en el RUT, la no capacidad económica y financiera de la operación o la no acreditación del origen legal de los fondos, “soportado en estudios y evidencias previas”. Si no existen esos estudios y evidencias previas, debe aplicarse primero la medida cautelar de los numerales 8.1 y 8.2 del artículo 7. El proceso de decomiso solo procede cuando se tipifique alguna causal de aprehensión (art. 25). Contra la aprehensión se presenta el escrito de objeciones dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación del acta de aprehensión (art. 45), con las pruebas de legal introducción o permanencia o la petición de las útiles, conducentes y pertinentes; el auto de pruebas se profiere dentro de los 20 días hábiles siguientes al vencimiento de ese plazo (art. 46). La legalización de mercancías que incurrieron en causal de aprehensión está prevista en el artículo 290 del Decreto 1165 de 2019, pero el parágrafo del artículo 319 del Código Penal advierte que la legalización de las mercancías no extingue la acción penal. Para el procedimiento general, véase /decomiso-aprehension-dian y /aduanas.
Claves de la defensa por solvencia económica
Ligal revisa el acta, la medida cautelar y el soporte de la DIAN, reconstruye la capacidad económica y el origen de los fondos con prueba contable y bancaria, y defiende por la vía que más convenga a su caso, sin prometer resultados.
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Verificamos si la aprehensión se apoya en estudios y evidencias previas, si antes se aplicó la medida cautelar del artículo 7 cuando correspondía, qué documentos se pidieron y qué particularidades de la negociación, la operación y la actividad económica la autoridad dejó de considerar. Esa revisión define la línea de defensa.
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Armamos la prueba que exige el artículo 7, numeral 8.2: estados financieros de los 2 últimos años certificados o dictaminados, certificado de origen legal de los fondos y, si hace falta, soportes bancarios, facturas, contratos y la trazabilidad de los pagos al proveedor. Si el interesado es persona natural no comerciante, la evidencia documental suficiente y apropiada.
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Redactamos el escrito de objeciones con sus requisitos (firma del interesado o apoderado, motivos concretos, dirección para notificaciones y, si la mercancía se adquirió en el país, nombre y dirección de quien la vendió), anexamos las pruebas o pedimos las útiles, conducentes y pertinentes, y hacemos seguimiento al auto de pruebas.
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Evaluamos si conviene la legalización del artículo 290 del Decreto 1165 de 2019, qué implica el aporte adicional de recursos que exige la doctrina DIAN de 2026 y qué ocurre con el riesgo penal, porque legalizar no extingue la acción penal. Ligal conduce el caso de punta a punta, también si hay denuncia.
Un caso de aprehensión por solvencia se decide entre el argumento jurídico sobre los estudios de la autoridad y la prueba contable del origen de los fondos.
Director · Abogado tributarista ex-DIAN
Dirige la estrategia jurídica y la representación ante la autoridad aduanera: define si objetar, legalizar o combinar ambas vías, cómo controvertir la causal y cómo proteger al cliente si hay riesgo penal.
Contador · Cuantificación y trazabilidad
Reconstruye la capacidad económica y financiera y el origen de los fondos con estados financieros, extractos y registros, y cuantifica tributos y escenarios de legalización.
Contadores públicos
Elaboran soportes contables y certificaciones, y análisis técnicos que sirven de prueba ante la DIAN y los jueces.
La legalización puede recuperar la mercancía, pero no extingue la acción penal y puede exigir pagar tributos y acreditar recursos adicionales. Antes de decidir, comparamos objetar y legalizar.
Estados financieros, certificados o contratos hechos después de la operación solo para responder pueden agravar el caso. Usamos únicamente la prueba auténtica del origen de los fondos.
Cada caso depende de los hechos, de los soportes y de los estudios de la autoridad. Evaluamos con franqueza las posibilidades antes de presentar el escrito de objeciones.
Cuando la DIAN aprehende mercancía por falta de capacidad económica o de origen de los fondos, Ligal lleva la defensa ante la autoridad aduanera, desde la medida cautelar y el escrito de objeciones hasta los recursos y las instancias que correspondan, y también la defensa penal si se presenta una denuncia. Juan Santiago Rodríguez Prieto, abogado tributarista ex-DIAN, lidera la estrategia junto al contador Jeysson Pulido y LIGAL Auditores (contadores públicos). El equipo, con abogados, contadores y experiencia directa dentro de la DIAN, atiende casos reales de fiscalización, cobro coactivo y litigio tributario y aduanero.
Tenga en cuenta: ningún resultado está garantizado; cada caso depende de los hechos, los soportes y los estudios de la autoridad.
Director
Juan Santiago Rodríguez Prieto
Abogado tributarista · Ex-DIAN
El plazo de 15 días hábiles para el escrito de objeciones corre desde la notificación del acta de aprehensión. Evaluamos su caso en 48 horas hábiles. Use el formulario o abra Diagnóstico.
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HoyRevisamos el acta de hechos, el acta de aprehensión o la medida cautelar, la declaración de importación o el soporte de compra, los estados financieros y los pagos de la operación.
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48 h hábilesVerificamos si hay estudios y evidencias previas, qué prueba de capacidad y de origen de fondos tiene y qué falta, y evaluamos si conviene objetar, legalizar o combinar ambas vías.
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InmediatoDefinimos la prueba, redactamos el escrito con sus requisitos y quién lo presenta, dentro del plazo contado desde la notificación.
Preguntas frecuentes
Existe como causal. El artículo 26, numeral 6, de la Ley 2586 de 2026 prevé la aprehensión y el decomiso cuando en el control previo, simultáneo o posterior se determine la no capacidad económica y financiera de la operación o la no acreditación del origen legal de los fondos, pero exige que esté “soportado en estudios y evidencias previas”. Si esos estudios no existen, debe aplicarse primero la medida cautelar de los numerales 8.1 y 8.2 del artículo 7. Que la causal exista no significa que la aprehensión concreta esté bien sustentada: eso se revisa caso por caso.
Según el artículo 7, numeral 8.2, son las condiciones que demuestran que los recursos soportan el cien por ciento (100%) de la operación de comercio exterior, que son reales y están legalmente sustentados. Las personas jurídicas y las personas naturales comerciantes prueban con estados financieros separados, completos, certificados por el representante legal o el contador y/o dictaminados por revisor fiscal de los 2 últimos años, y un certificado de origen legal de los fondos firmado por el representante legal y el contador o revisor fiscal (si se constituyeron en la misma vigencia, el estado de situación financiera de apertura). La persona natural no comerciante aporta evidencia documental suficiente y apropiada.
Según el artículo 7, numeral 8.2, la conclusión consta en un acta de hechos; si se acredita, la medida cautelar se levanta de inmediato, y la verificación vale durante el año fiscal en que se hizo. Si no se acredita, procede la aprehensión. La DIAN debe tener en cuenta las particularidades de la negociación, la operación y la actividad económica, y debe valorar la información que el usuario aporte.
El escrito de objeciones se presenta dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación del acta de aprehensión (art. 45 de la Ley 2586 de 2026). Debe estar firmado por el interesado o su apoderado, contener motivos concretos y una dirección para notificaciones, y, si la mercancía se adquirió en el país, el nombre y la dirección de quien la vendió; de lo contrario se tiene por no presentado. Con él se anexan las pruebas de legal introducción o permanencia, o se piden las útiles, conducentes y pertinentes. El auto de pruebas se profiere dentro de los 20 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo (art. 46).
El artículo 290 del Decreto 1165 de 2019 prevé la legalización de mercancías presentadas que incurrieron en causal de aprehensión, subsanando la causal. Según la doctrina DIAN de 2026, en la causal del artículo 26, numeral 6, procede si la mercancía fue presentada, se cumplen las restricciones, se pagan los tributos (y el rescate cuando haya lugar) y se acredita un aporte adicional de recursos que soporte el 100% de la operación. Antes de legalizar conviene analizar si objetar es más conveniente y qué ocurre con el riesgo penal.
El proceso de decomiso solo procede cuando se tipifique alguna causal de aprehensión de la ley (art. 25 de la Ley 2586 de 2026). Por eso la discusión de fondo es si la causal del artículo 26, numeral 6, se configuró y si está soportada en estudios y evidencias previas. Si la aprehensión se confirma y no se legaliza, el decomiso es el riesgo.
Depende de los hechos. El parágrafo del artículo 319 del Código Penal dice que la legalización de las mercancías no extingue la acción penal, de modo que pagar y legalizar no cierra por sí solo un riesgo penal si lo hay, por ejemplo cuando se discute contrabando por encima del umbral legal en SMMLV. La aprehensión por capacidad económica es una causal administrativa; el análisis penal es aparte. Por eso es importante tener una sola defensa que vea ambos frentes. Véase /contrabando-favorecimiento-delito-aduanero.
El acta de hechos y el acta de aprehensión, la declaración o el soporte de compra de la mercancía, las facturas y los pagos al proveedor, los extractos bancarios, los estados financieros de los 2 últimos años y la certificación de origen de los fondos, junto con contratos y correspondencia de la negociación. La coherencia entre esos documentos es lo que sustenta la capacidad económica. Los soportes deben ser auténticos y contemporáneos a la operación.
Ligal es una firma especializada en derecho tributario y aduanero. Bajo la dirección de Juan Santiago Rodríguez Prieto, abogado tributarista ex-DIAN, junto a Jeysson Pulido, contador, y LIGAL Auditores (contadores públicos), combinamos el argumento jurídico sobre la causal con la prueba contable del origen de los fondos, y llevamos la defensa de punta a punta, incluida la penal si surge. Nuestro trabajo está respaldado por 5,0 / 5 en Google con 36 reseñas: https://share.google/VVzMvULrOj8Mj52Au. El equipo atiende casos reales de fiscalización, cobro coactivo y litigio tributario y aduanero. Ningún resultado está garantizado.
Gratis. Adjunte el acta de hechos, el acta de aprehensión o la medida cautelar, los estados financieros y los soportes de la operación. Evaluamos la causal, la prueba y la estrategia.