Se equivocó en la declaración de importación y la DIAN quiere sancionarlo:
corregir a tiempo y allanarse bien puede cambiar el valor de la multa, con abogados y contadores ex-DIAN a su lado.

La Ley 2586 de 2026, artículo 15, prevé, entre otras: 15% del valor FOB por declaración cuando hay errores u omisiones parciales en el serial o descripciones erradas o incompletas que no conlleven mercancía diferente, cambio de subpartida con mayores tributos ni incumplimiento de restricciones (num. 15.2.2.4); 10% de los tributos aduaneros dejados de cancelar por declaración cuando la inexactitud genera un menor pago (num. 15.2.2.6); 600 UVT por operación cuando la inexactitud lleva al incumplimiento de restricciones legales o administrativas o de cupos (num. 15.2.2.10); y 1.000 UVT por operación cuando se consignan inexactitudes en declaraciones de mercancías de prohibida importación o exportación (num. 15.2.1.4). Si no se corrige a tiempo, el artículo 17 prevé que la multa del serial o la descripción puede aumentar al 30% del FOB.

La declaración de corrección voluntaria (Decreto 1165 de 2019, art. 296) subsana los errores que la norma enumera (subpartida, tarifas, tasa de cambio, sanciones, operación aritmética, modalidad, tratamientos preferenciales, valor FOB, fletes, seguros, otros gastos, ajustes y valor en aduana), procede dentro del término de firmeza de la declaración (tres años, art. 188) y la voluntaria, por una sola vez. La declaración de legalización (arts. 290 y 291) sirve para declarar mercancía respecto de la cual se incumplió una obligación aduanera que daría lugar a aprehensión; en descripción errada o incompleta que no conlleve mercancía diferente, el rescate es del 10% del valor en aduana si es voluntaria sin intervención de la autoridad, y del 15% si se presenta después del levante para subsanar una descripción que generó una restricción violada o menores tributos (art. 293, num. 2). Cuál procede depende del error y del momento.

Es el reconocimiento por escrito de la infracción (Ley 2586, art. 19). Las multas se reducen así: sin sanción si el infractor, sin intervención de la DIAN, reconoce voluntariamente y por escrito la infracción antes de notificado el Requerimiento Especial Aduanero (no aplica a las gravísimas); al 20% si la reconoce antes de ese requerimiento; al 40% si lo hace después de notificado y antes de la decisión de fondo; y al 60% dentro del término para interponer el recurso contra la decisión de fondo. Para que proceda hay que anexar el recibo oficial de pago de los tributos aduaneros, los intereses y la sanción reducida (con la salvedad que el propio artículo prevé para el primer evento). Ejemplo aritmético ilustrativo, no una predicción: si la multa fuera de $1.000.000, allanarse al 20% implicaría pagar $200.000 y al 40%, $400.000. El allanamiento no cubre los intereses de mora ni el rescate (par. 1), y puede ser parcial (par. 4).

Es la comunicación con la que la DIAN, cuando tiene indicios de inexactitud en la declaración o de una infracción sancionable con multa, invita al usuario a corregir dentro del mes siguiente (Ley 2586, art. 5), liquidando y pagando tributos, intereses, sanción o rescate, o allanándose con los beneficios de reducción que correspondan. No responder no genera sanción alguna, pero si no se corrige ni se allana, la dirección seccional inicia el procedimiento de liquidación oficial o de sanción. Mientras corre el término de la invitación, la DIAN no puede expedir el Requerimiento Especial Aduanero (par. 2). Una respuesta satisfactoria cierra las diligencias.

Quince días hábiles desde su notificación (Ley 2586, art. 70), con objeciones y solicitud de pruebas. Ese plazo se puede ampliar, sin superar 70 días hábiles, cuando sea necesario acreditar el cumplimiento de restricciones legales o administrativas como soporte de la declaración de corrección. La DIAN dispone luego de 70 días hábiles para decidir de fondo (art. 72). Contra la liquidación oficial o la resolución sancionatoria procede el recurso de reconsideración dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación (art. 88), que la entidad resuelve en cinco meses (art. 94). Si respondió debidamente el requerimiento, puede ir directamente a la jurisdicción contencioso-administrativa sin interponer el recurso (art. 88, par. 2).

En algunos escenarios sí. Para errores en el serial o descripción errada o incompleta que no conlleven mercancía diferente, la aprehensión solo procede cuando no se haya pagado la sanción del numeral 15.2.2.4 (Ley 2586, art. 26, num. 2). Cuando no se acreditan restricciones legales o administrativas, hay causal específica (art. 26, num. 5). Y si en control posterior la DIAN detecta una clasificación arancelaria incorrecta que exige acreditar restricciones, no hay aprehensión si el importador presenta la declaración correspondiente, paga los mayores tributos y acredita las restricciones en los 30 días siguientes a que la DIAN le informa (art. 26, parágrafo); vencido el plazo, se inicia la liquidación oficial si la declaración sigue dentro del término de firmeza, y en caso contrario se aprehende. Para el trámite véase decomiso y aprehensión de la DIAN.

El titular o responsable tiene 15 días hábiles desde la notificación del acta de aprehensión para presentar el escrito de objeciones con las pruebas (Ley 2586, art. 45). La DIAN puede autorizar la entrega antes de la decisión de fondo previa garantía equivalente al 100% del valor FOB o del avalúo, cuando no existan restricciones o se acredite su cumplimiento (art. 43). Subsanados los motivos, procede el rescate (art. 52), y en cualquier estado del proceso y hasta antes de quedar en firme el decomiso, se ordena la devolución si se desvirtúa la causal (art. 53). Cuál conviene depende de la mercancía y del error; se evalúa de inmediato.

La facultad de imponer sanciones caduca en tres años contados desde la comisión del hecho o de la omisión, plazo dentro del cual el acto sancionatorio debe estar expedido y notificado (Ley 2586, art. 20). Aparte, la declaración de importación queda en firme a los tres años de su presentación y aceptación, salvo que se haya notificado Requerimiento Especial Aduanero (Decreto 1165 de 2019, art. 188); la firmeza condiciona, por ejemplo, la liquidación oficial. Contar bien estos plazos en cada caso es parte del diagnóstico.

No basta invocarlo. La Ley 2586 prevé causales de exoneración de responsabilidad (art. 23): fuerza mayor, caso fortuito, hechos de terceros, fallas de los servicios informáticos y, entre otras, haber actuado con la debida diligencia y cuidado, que debe acreditarse con acciones efectivas, oportunas, verificables y adoptadas antes de los hechos investigados. La carga de la prueba recae exclusivamente en el usuario aduanero. Que la exoneración prospere depende de la prueba disponible; por eso se evalúa pronto, junto con la corrección o el allanamiento.

No. Si el error afecta el valor, la DIAN puede abrir una discusión de valoración aduanera, con otros métodos y pruebas, y la liquidación oficial puede corregir inexactitudes que generen menor pago de tributos (Ley 2586, art. 58) o afectar la valoración de la mercancía (art. 61). La multa del 10% de los tributos dejados de pagar (num. 15.2.2.6) se suma a los mayores tributos e intereses. Para el análisis del valor véase valoración aduanera. Qué escenario aplica a su operación se define con los soportes.

La mayoría de los errores se tratan como infracciones administrativas. La ley establece que, si en ejercicio del control se encuentran hechos que puedan constituir delito, la DIAN debe denunciarlos (Ley 2586, art. 12), y las sanciones administrativas no excluyen la responsabilidad penal que pueda derivarse (art. 14). Qué conductas pasan de infracción a delito depende de los hechos y de la intención; por eso conviene revisar el caso antes de presentar cualquier escrito. Véase contrabando y favorecimiento: delito aduanero. Ligal lleva la defensa en ambos frentes.

Ligal es una firma especializada en derecho tributario, aduanero y penal tributario. Bajo la dirección de Juan Santiago Rodríguez Prieto, abogado tributarista ex-DIAN, junto a Jeysson Pulido, contador, y LIGAL Auditores (contadores públicos), combinamos la lectura jurídica de la infracción con el cálculo exacto de tributos, intereses y multa, y lo representamos ante la DIAN desde la invitación persuasiva hasta el recurso. Nuestro trabajo está respaldado por 5,0 / 5 en Google con 36 reseñas: https://share.google/VVzMvULrOj8Mj52Au. El equipo atiende casos reales de fiscalización, aduanas y litigio tributario. Ningún resultado está garantizado.