Indagación preliminar en Fiscalía por delito tributario: ¿qué hacer antes de la imputación?
Conozca sus derechos como indiciado, active la defensa probatoria y frene la imputación con abogados y contadores ex-DIAN de punta a punta.

Conforme al parágrafo 1 del artículo 175 de la Ley 906 de 2004 (modificado por el artículo 2 de la Ley 2205 de 2022), la Fiscalía tiene un término máximo de dos (2) años contados desde la recepción de la noticia criminis para formular imputación u ordenar el archivo de las diligencias. Este plazo se extiende a tres (3) años cuando se presente concurso de delitos o cuando sean tres o más los investigados, y a cinco (5) años en delitos de competencia de jueces especializados. Adicionalmente, el parágrafo 3 del artículo 175 contempla reglas especiales cuya aplicabilidad debe revisarse en cada caso concreto, sin que quepa asumir una extensión automática de los términos de la indagación previa. El vencimiento de estos plazos no genera prescripción automática ni inmunidad penal (Corte Constitucional, C-893 de 2012); impone al fiscal la obligación de resolver motivadamente sobre el archivo (art. 79) o la imputación, y permite a la defensa acudir ante el Juez de Control de Garantías para instar el debido proceso y la celeridad judicial.

Sí, la Fiscalía o la policía judicial (CTI) pueden citarlo a diligencia de interrogatorio de indiciado (art. 282 Ley 906 de 2004). Es obligatorio que comparezca acompañado de un abogado defensor penal. Bajo la Constitución y la ley, usted no está obligado a declarar en su contra ni contra su cónyuge o parientes cercanos, no rinde juramento y tiene derecho a guardar silencio. Una declaración mal rendida sin estrategia penal puede precipitar una imputación de inmediato.

Absolutamente sí. Los artículos 267 y 268 de la Ley 906 de 2004 facultan al indiciado y a su defensor a buscar, recolectar y asegurar elementos materiales probatorios y evidencia física, aportar dictámenes periciales contables y solicitar al fiscal la práctica de inspecciones o entrevistas. Aportar un dictamen pericial contable sólido durante la indagación es la herramienta más eficaz para demostrar que no hubo dolo ni evasión y lograr el archivo del caso.

No existe una extinción automática ni universal: cada delito tiene reglas legales específicas sujetas a verificación judicial. En omisión de agente retenedor (art. 402 C.P., modificado por Ley 1819 de 2016), el beneficio de resolución inhibitoria, preclusión o cesación de procedimiento procede cuando se extingue la obligación tributaria por pago efectivo o compensación de las sumas adeudadas junto con los intereses legales, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que haya lugar; un acuerdo de pago o asegurar el cumplimiento no equivale a extinguir la obligación ni garantiza el cierre automático. En omisión de activos (art. 434A C.P.) y defraudación tributaria (art. 434B C.P.), el parágrafo 1 exige salvaguardar la discusión tributaria legítima: la acción penal procede si no hay recursos administrativos en trámite o no existe interpretación razonable del derecho aplicable, siempre que los hechos y cifras declarados sean completos y verdaderos, pudiendo la DIAN solicitar inicio por petición especial de comité. Conforme al parágrafo 2, la acción penal se extingue por pago de impuestos, sanciones tributarias e intereses hasta por dos (2) ocasiones en total, computando conjuntamente extinciones previas o aplicaciones de principio de oportunidad bajo cualquiera de los dos artículos (434A y 434B); a partir de la tercera oportunidad, el pago solo permite rebaja de pena hasta la mitad. Finalmente, el pago tributario no extingue delitos autónomos conexos investigados de manera independiente (como falsedades documentales, concierto para delinquir o lavado de activos), los cuales se valoran de forma separada.

Estar en indagación preliminar no equivale a una condena ni a una orden automática de captura. Bajo la Ley 906 de 2004, la privación de la libertad y las órdenes de captura están reservadas a los supuestos expresamente contemplados en la ley (orden escrita y motivada de Juez de Control de Garantías a solicitud fundada de la Fiscalía bajo el art. 297, o supuestos legales excepcionales como la flagrancia). La procedencia de cualquier orden judicial exige acreditar ante el juez su estricta necesidad constitucional (evitar fuga comprobada, obstrucción probatoria o peligro para la comunidad). La defensa técnica de Ligal examina los hechos reales del caso, audita el expediente y acredita el arraigo y la comparecencia ante la autoridad judicial competente, evitando promesas infundadas de neutralización automática.