La Fiscalía lo citó a audiencia de imputación por un delito tributario:
qué pasa ahí, si aceptar cargos y cómo defenderse se decide antes de la audiencia, con abogados y contadores ex-DIAN a su lado.

No es obligatorio y no debería decidirse sin análisis. Aceptar los cargos determinados en la imputación comporta una rebaja hasta de la mitad de la pena imponible (art. 351); se entiende lo actuado como acusación, el juez de conocimiento verifica que sea libre, voluntario y espontáneo, y convoca a audiencia de individualización de pena y sentencia, sin retractación posterior salvo que se demuestre un vicio del consentimiento o la violación de garantías (art. 293 y par.). Es decir, aceptar equivale a una condena con pena rebajada. Conviene decidir con la pena posible, la fortaleza de la prueba, la opción de pagar y extinguir la acción, y el efecto de la condena en subrogados y antecedentes.

La Ley 906 prevé que la aceptación de los cargos determinados en la audiencia de formulación de imputación comporta una rebaja hasta de la mitad de la pena imponible (art. 351, inc. 1). Si el acuerdo se logra después, con la acusación presentada y hasta el interrogatorio inicial del juicio, la rebaja es de una tercera parte (art. 352). En delitos con incremento patrimonial para el autor, no se celebra acuerdo hasta que se reintegre, por lo menos, el 50% del valor del incremento y se asegure el recaudo del remanente (art. 349); cómo opera esa exigencia en un delito tributario se analiza en el caso. La rebaja es un máximo, no un derecho a un porcentaje fijo.

Depende del delito. En la omisión del agente retenedor, el que extingue la obligación tributaria por pago o compensación de las sumas adeudadas, con sus intereses, se hace beneficiario de resolución inhibitoria, preclusión de la investigación o cesación de procedimiento dentro del proceso penal que se hubiere iniciado, sin perjuicio de las sanciones administrativas (Código Penal, art. 402, par.). En la omisión de activos y en la defraudación o evasión tributaria, la acción penal se extingue hasta por dos ocasiones cuando el sujeto activo paga los impuestos, las sanciones tributarias y los intereses; si ya se aplicó el principio de oportunidad o se extinguió antes la acción por pago, el pago solo permite una rebaja de la pena hasta la mitad (arts. 434A y 434B, par. 2). Los parágrafos no fijan un momento procesal límite, pero cuándo y cómo pagar, y cómo acreditarlo, es parte de la estrategia. La extinción conduce a la preclusión (Ley 906, art. 332, num. 1). Véase extinción de la acción penal por pago.

Puede pedirla el fiscal ante el juez de control de garantías (Ley 906, art. 306), pero no es automática. El juez la decreta solo si de los elementos aportados se infiere razonablemente que usted puede ser autor o partícipe y se cumple alguno de tres requisitos: que la medida sea necesaria para evitar que obstruya la justicia, que represente un peligro para la sociedad o la víctima, o que sea probable que no comparezca o no cumpla la sentencia (art. 308). La calificación jurídica provisional no basta, por sí sola, para inferir esos riesgos (art. 308, par. 1). La detención preventiva en establecimiento carcelario procede, entre otros casos, en los delitos investigables de oficio cuyo mínimo de pena sea o exceda de cuatro años (art. 313, num. 2); los artículos 402 y 434A tienen un mínimo de 48 meses, que encaja en ese supuesto si además se cumplen los requisitos del artículo 308, mientras que el 434B parte de 36 meses, lo que en principio lo ubica en las medidas no privativas del artículo 315, salvo que la pena se incremente por la cuantía. Las medidas no privativas incluyen vigilancia electrónica, presentación periódica, prohibición de salir del país y caución, entre otras (art. 307). Las disposiciones que restringen la libertad son excepcionales y su aplicación debe ser necesaria, adecuada, proporcional y razonable (art. 295).

Si usted fue citado y no comparece sin causa justificada, la audiencia se realiza con el defensor que haya designado para su representación; si este tampoco concurre sin justificar, el juez le designa uno de la defensoría pública y la imputación se formula en su presencia (Ley 906, art. 291). La declaratoria de persona ausente tiene exigencias adicionales cuando no se logra ubicar a la persona. No presentarse suele ser peor que comparecer con defensa, porque se pierde la oportunidad de preparar la intervención.

Sí. La prescripción de la acción penal se interrumpe con la formulación de la imputación y, producida la interrupción, vuelve a correr por un término igual a la mitad del señalado en el artículo 83 del Código Penal, sin que pueda ser inferior a tres años (Ley 906, art. 292). El artículo 83 fija la prescripción en un tiempo igual al máximo de la pena, sin ser inferior a cinco años ni exceder de veinte, salvo los incisos que prevé.

Aceptar la imputación es allanarse a los cargos tal como los formuló la Fiscalía, con rebaja hasta de la mitad de la pena (Ley 906, art. 351, inc. 1). Un preacuerdo es una negociación con la Fiscalía sobre los hechos imputados y sus consecuencias; si hay un cambio favorable en la pena, esa es la única rebaja compensatoria (art. 351, inc. 2), y obliga al juez de conocimiento salvo que desconozca o quebrante garantías fundamentales (inc. 4). Los preacuerdos pueden celebrarse desde la audiencia de imputación y, después de presentada la acusación, con rebaja de una tercera parte (art. 352). Las conversaciones tendientes a un acuerdo no pueden usarse en su contra si no se perfeccionan (art. 8, lit. d).

En los delitos de los artículos 434A y 434B, la cuantía se define por liquidación oficial de la autoridad tributaria, y la acción penal procede siempre y cuando no estén en trámite los recursos en vía administrativa o cuando no exista una interpretación razonable del derecho aplicable, siempre que los hechos y cifras declarados sean completos y verdaderos; la DIAN puede solicitar el inicio de la acción penal por petición especial de un comité dirigido por el Director General o su delegado (par. 1). El frente tributario y el penal son procesos distintos pero conectados: lo que se haga en uno afecta al otro, por eso la defensa debe ser coordinada. Véase denuncia penal de la DIAN.

No necesariamente, pero tampoco puede darse por hecho lo contrario. La suspensión de la ejecución de la pena procede, entre otros requisitos, cuando la pena impuesta no exceda de cuatro años (Código Penal, art. 63), y el artículo 68A excluye la suspensión condicional, la prisión domiciliaria y otros beneficios cuando la persona haya sido condenada por delito doloso dentro de los cinco años anteriores y, en el listado que prevé, a quienes sean condenados por delitos dolosos contra la administración pública, con las excepciones que el propio artículo prevé. Como los artículos 402, 434A y 434B están en el Título XV, ese punto debe analizarse antes de aceptar cargos o de decidir un acuerdo. Cada caso depende de la pena resultante, de los antecedentes y de la jurisprudencia aplicable.

Sí. Ligal lleva la defensa de punta a punta: estudia la citación, cuantifica el pago, decide con usted si acepta, paga o discute, asiste a la audiencia de imputación y a las demás, y sigue el proceso hasta su terminación. Bajo la dirección de Juan Santiago Rodríguez Prieto, abogado tributarista ex-DIAN, junto a Jeysson Pulido, contador, y el equipo de abogados de Ligal, combinamos la lectura penal de los hechos con el cálculo exacto de lo que se debe. Nuestro trabajo está respaldado por 5,0 / 5 en Google con 36 reseñas: https://share.google/VVzMvULrOj8Mj52Au. El equipo atiende casos reales de fiscalización, cobro coactivo y litigio tributario y penal tributario. Ningún resultado está garantizado.