Cuando la DIAN denuncia a una empresa, la pregunta inmediata es quién responde. La Ley 599 de 2000 no prevé responsabilidad penal de la persona jurídica: responde la persona natural que actuó como órgano de representación (art. 29 C.P.), y el contador o el revisor fiscal pueden responder si participaron con dolo. Ligal defiende de punta a punta, en lo administrativo y en lo penal.
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En el derecho penal colombiano, la Ley 599 de 2000 no prevé responsabilidad penal de la persona jurídica; quien responde es la persona natural. La regla para trasladar la responsabilidad está en el inciso 3 del artículo 29 del Código Penal: «también es autor quien actúa como miembro u órgano de representación autorizado o de hecho de una persona jurídica, de un ente colectivo sin tal atributo, o de una persona natural cuya representación voluntaria se detente, y realiza la conducta punible, aunque los elementos especiales que fundamentan la penalidad (...) no concurran en él, pero sí en la persona o ente colectivo representado». Es decir, aunque el obligado tributario sea la sociedad, el representante legal, el miembro de junta con funciones de representación o quien ejerza esas funciones de hecho puede ser procesado como autor. El inciso 2 agrega la coautoría: son coautores quienes actúan con acuerdo común y división del trabajo. Esto aplica a los delitos tributarios más frecuentes: la omisión del agente retenedor o recaudador (art. 402), con prisión de 48 a 108 meses y multa del doble de lo no consignado sin exceder 1.020.000 UVT (véase /omision-agente-retenedor-dian); la defraudación o evasión tributaria del artículo 434B, cuyo umbral general es de 100 SMMLV (véase /evasion-fiscal-434b-colombia); y la omisión de activos (véase /omision-activos-delito-tributario). Para el contexto de la denuncia, véase /denuncia-penal-dian.
El contador y el revisor fiscal tienen un riesgo distinto. No son, por regla, quienes representan a la sociedad, pero el artículo 30 del Código Penal prevé la participación: el determinador y el instigador responden con la pena del autor, y el cómplice con la pena disminuida de una sexta parte a la mitad. El punto decisivo es el dolo: un error técnico, una interpretación discutible o una diferencia de criterio contable no equivalen a haber ayudado a defraudar. Esa frontera se prueba con documentos y conducta: quién dio instrucciones, qué advirtió el profesional, qué salvedades dejó por escrito. A esto se suma una vía paralela que no debe confundirse con la penal: la sanción administrativa de la Junta Central de Contadores del artículo 659 del Estatuto Tributario (multa, suspensión o cancelación de la inscripción profesional, con suspensión hasta de un año) y la suspensión de la facultad de firmar declaraciones y certificar pruebas ante la DIAN del artículo 660 cuando hay inexactitudes contables con diferencia superior a 590 UVT (en 2026, con la UVT en $52.374, unos $30.900.660), que prescriben en cinco años según el artículo 638 (véase /sancion-contador-revisor-fiscal-dian). Una cosa no implica la otra: puede haber sanción administrativa sin delito, y viceversa. La responsabilidad solidaria de los socios por deudas de la sociedad es otro frente, patrimonial y no penal (véase /responsabilidad-solidaria-socios-dian).
Claves de la responsabilidad penal en la empresa
Ligal atiende al representante legal, al contador o al revisor fiscal desde la primera citación, ordena la prueba de su intervención real y lleva en paralelo la defensa administrativa y la penal, sin prometer resultados.
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Reconstruimos el organigrama real: representante legal principal o suplente, quien ejercía funciones de hecho, el contador, el revisor fiscal y la junta o asamblea. La responsabilidad penal sigue la intervención real en los hechos, no solo el cargo registrado.
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LIGAL Auditores y Jeysson Pulido reúnen y ordenan actas, instrucciones por escrito, correos, cartas de representación, papeles de trabajo, advertencias y salvedades del profesional, para mostrar qué se dijo, qué se decidió y quién lo decidió.
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Analizamos si hubo propósito de defraudar o solo un error técnico o una interpretación razonable, y evaluamos si la conducta encaja como autoría, coautoría, determinación o complicidad (arts. 29 y 30 C.P.), o si no hay participación punible.
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Respondemos ante la DIAN, la Junta Central de Contadores y la Fiscalía cuidando que lo dicho en un frente no perjudique al otro. Analizamos si los intereses de la empresa y de cada persona natural coinciden; cuando no, estructuramos una defensa separada para cada uno.
Un caso de responsabilidad personal se decide entre la prueba contable de lo que cada quien hizo y la coherencia entre lo que se dice a la DIAN, a la Junta Central de Contadores y a la Fiscalía.
Director · Abogado tributarista ex-DIAN
Dirige la estrategia jurídica y la representación en sede tributaria, disciplinaria y penal: define qué responder, cómo discutir la atribución de responsabilidad personal y cómo conducir la defensa si hay denuncia o citación.
Contador · Cuantificación y trazabilidad
Reconstruye las cifras en discusión, los papeles de trabajo y el recorrido de las decisiones contables para respaldar con datos el alcance real de cada intervención.
Contadores públicos
Elaboran soportes contables y análisis técnicos sobre declaraciones, retenciones y registros que sirven de prueba ante la DIAN, la Junta Central de Contadores, la Fiscalía y los jueces.
Figurar como representante legal, contador o revisor fiscal no basta para una condena. Se examina la intervención real y el dolo. Evaluamos ambos antes de concluir nada.
Crear, fechar hacia atrás o alterar actas, correos o instrucciones para responder una citación puede generar un problema penal que antes no existía. Trabajamos solo con la prueba auténtica de lo ocurrido.
Ni el gerente que atribuye todo al contador, ni el contador que atribuye todo al gerente, sin respaldo documental. Una defensa sólida describe con exactitud qué hizo cada uno y no promete resultados.
Cuando un representante legal, un contador o un revisor fiscal recibe una citación de la Fiscalía, una notificación por la denuncia de la DIAN contra la sociedad o un requerimiento de la Junta Central de Contadores, Ligal lleva la defensa de punta a punta, en lo administrativo y en lo penal, ante la DIAN, la Junta, la Fiscalía General de la Nación y los jueces. Juan Santiago Rodríguez Prieto, abogado tributarista ex-DIAN, lidera la estrategia junto al contador Jeysson Pulido y LIGAL Auditores (contadores públicos) para acreditar el alcance real de cada intervención, la buena fe y la cuantía en discusión. La firma trabaja casos reales de fiscalización, cobro coactivo y litigio tributario: en una reseña verificada en Google, el cliente Julian Rodriguez relata que, gracias a la representación ante la DIAN, "logramos el archivo de un litigio tributario que teníamos en contra de mi empresa".
Tenga en cuenta: ningún resultado está garantizado; cada caso depende de los hechos, las cifras y la prueba disponible. Ligal asume la defensa de punta a punta, penal y administrativa.
Director
Juan Santiago Rodríguez Prieto
Abogado tributarista · Ex-DIAN
Evaluamos la citación, la noticia criminal o el requerimiento de la DIAN y su rol en la empresa en 48 horas hábiles. Use el formulario o abra Diagnóstico.
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HoyRevisamos la citación o la denuncia, el cargo que ocupaba cada persona, las fechas en que ejerció y la cuantía o el tipo penal en discusión.
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48 h hábilesVerificamos actas, instrucciones, correos, papeles de trabajo y salvedades, y si hubo dolo, error profesional o ninguna participación.
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InmediatoDefinimos cómo atender la citación, qué responder a la DIAN y a la Junta Central de Contadores sin comprometer la defensa penal, y cómo preparar la defensa si hay imputación.
Preguntas frecuentes
Sí es posible, aunque no automático. La Ley 599 de 2000 no prevé responsabilidad penal de la persona jurídica; responde la persona natural. El inciso 3 del artículo 29 del Código Penal dispone que también es autor quien actúa como miembro u órgano de representación, autorizado o de hecho, de una persona jurídica y realiza la conducta punible, aunque los elementos especiales que fundamentan la penalidad no concurran en él, pero sí en la sociedad representada. Que se le procese depende de su intervención real en los hechos y del dolo; el cargo por sí solo no es suficiente prueba.
El artículo 402 sanciona no consignar las retenciones, el IVA o el impuesto al consumo dentro del término legal, con prisión de 48 a 108 meses y multa del doble de lo no consignado sin exceder 1.020.000 UVT. Cuando el agente retenedor es una sociedad, la persona natural que actuó como órgano de representación puede responder como autor (art. 29 inc. 3). Se analiza quién tenía el poder de decidir y ordenar el pago. El pago o la compensación con intereses puede dar lugar a la preclusión o a la cesación del procedimiento, sin que sea una garantía en un caso concreto. Véase /omision-agente-retenedor-dian.
Pueden, si se prueba su participación con dolo. El artículo 30 del Código Penal prevé como partícipes al determinador y al instigador, que responden con la pena del autor, y al cómplice, con pena disminuida de una sexta parte a la mitad. El inciso 2 del artículo 29 contempla además la coautoría: acuerdo común y división del trabajo. Haber preparado o firmado un documento no basta; se examina qué sabía, qué advirtió y qué hizo el profesional. Cada caso exige análisis individual.
Por el propósito y por la prueba. El 434B exige propósito de defraudación o evasión, es decir, dolo. Un error técnico, una interpretación discutible o un criterio contable distinto no equivalen a participar en una defraudación. Se examina quién dio las instrucciones, si el profesional advirtió el riesgo, si dejó salvedades por escrito, qué información recibió y quién se benefició. Ninguna regla general sustituye el análisis del expediente.
Son procesos distintos. Según el artículo 659 del Estatuto Tributario, los contadores y revisores que violen las normas de la profesión en contabilidad, certificaciones o dictámenes con fines tributarios son sancionados por la Junta Central de Contadores con multa, suspensión (hasta de un año) o cancelación de la inscripción profesional según la gravedad. El artículo 660 prevé la suspensión de la facultad de firmar declaraciones y certificar pruebas ante la DIAN cuando hay inexactitudes contables con diferencia superior a 590 UVT: hasta un año la primera vez, dos la segunda y definitiva la tercera. Estas sanciones prescriben en cinco años (art. 638). Pueden coexistir con un proceso penal o darse sin él. Véase /sancion-contador-revisor-fiscal-dian.
Con registros contemporáneos a los hechos: actas de junta o asamblea que reflejen las decisiones, instrucciones por escrito del representante legal al contador, correos que muestren qué información se entregó y cuándo, cartas de representación, papeles de trabajo y salvedades expresas cuando el profesional no esté de acuerdo. No sirven documentos creados o fechados hacia atrás después de recibir la citación: pueden crear un problema penal adicional. LIGAL Auditores y Jeysson Pulido ordenan estos soportes en una cronología coherente.
No responda ni declare sin asesoría. Reúna la prueba auténtica, anote las fechas límite y revise cada escrito con la mirada penal y la tributaria, porque lo que se afirma ante la DIAN o la Junta Central de Contadores puede aparecer luego en el proceso penal. No cree, reemplace ni altere documentos y no atribuya hechos que no pueda probar. Una defensa articulada desde la primera notificación permite sostener el mismo relato en todos los frentes. Véase /denuncia-penal-dian.
El parágrafo 2 del artículo 434A prevé la extinción de la acción penal por pago, hasta en dos ocasiones, y por su texto aplica también al artículo 434B. En la omisión del agente retenedor, el pago o la compensación con intereses puede dar lugar a la preclusión o la cesación del procedimiento, sin que sea una garantía. Las condiciones concretas deben revisarse antes de decidir: pagar sin estrategia puede ser una admisión que se aproveche en otros frentes.
Ligal es la firma de referencia en derecho tributario en Colombia y asume la defensa de punta a punta, en lo administrativo y en lo penal, con un mismo equipo. Bajo la dirección de Juan Santiago Rodríguez Prieto, abogado tributarista ex-DIAN, junto a Jeysson Pulido, contador, y LIGAL Auditores (contadores públicos), representamos al cliente ante la DIAN, la Junta Central de Contadores, la Fiscalía y los jueces, y reunimos la prueba de lo que cada persona hizo. Nuestro trabajo está respaldado por 5,0 / 5 en Google con 36 reseñas: https://share.google/VVzMvULrOj8Mj52Au. La firma trabaja casos reales de fiscalización, cobro coactivo y litigio tributario: en una reseña verificada en Google, el cliente Julian Rodriguez relata que, gracias a la representación ante la DIAN, "logramos el archivo de un litigio tributario que teníamos en contra de mi empresa".
Gratis. Adjunte la citación, la denuncia o el requerimiento, indique su cargo y las fechas en que lo ejerció, y los soportes disponibles. Evaluamos su rol, el riesgo penal y la estrategia.