Que la DIAN rechace costos por facturas de un proveedor fachada no siempre termina en una denuncia, pero puede hacerlo. Incluir costos o gastos inexistentes con propósito de defraudación se tipifica en el art. 434B C.P., y falsificar y usar una factura puede ser falsedad en documento privado (art. 289). Ligal defiende de punta a punta.
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La primera consecuencia de una factura que no respalda una operación real suele ser administrativa: rechazo de costos, deducciones o impuestos descontables, sanción por inexactitud y declaratoria de proveedor ficticio (véanse /proveedor-ficticio-dian y /rechazo-costos-deducciones-dian). El riesgo penal es otro frente y tiene dos puertas. La primera es la falsedad en documento privado del artículo 289 del Código Penal (Ley 599 de 2000): «el que falsifique documento privado que pueda servir de prueba, incurrirá, si lo usa, en prisión de 16 a 108 meses». Una factura es un documento privado con capacidad probatoria, y el artículo 294 define el documento penalmente como todo soporte material o técnicamente impreso que exprese datos con capacidad probatoria. El artículo 291 (uso de documento falso) se refiere al documento público, con prisión de 4 a 12 años, por lo que no es el tipo que corresponde a una factura. La segunda puerta es la defraudación o evasión tributaria del artículo 434B (modificado por el artículo 69 de la Ley 2277 de 2022), que castiga al obligado a declarar que, con propósito de defraudación o evasión, incluya costos o gastos inexistentes, o reclame créditos fiscales, retenciones o anticipos improcedentes, cuando el menor valor a pagar o el mayor saldo a favor sea igual o superior a 100 SMMLV e inferior a 2.500 SMMLV, definido por liquidación oficial: prisión de 36 a 60 meses. La pena aumenta en una tercera parte si la cuantía está entre 2.500 y 5.000 SMMLV y en la mitad si supera 5.000 SMMLV. La Corte Constitucional estudió este artículo en la sentencia C-019 de 2024.
Pasar de lo uno a lo otro no es automático. El artículo 434A (también del artículo 69 de la Ley 2277 de 2022) dispone en su parágrafo 1 que la acción penal procede cuando no hay recursos en vía administrativa en trámite y no media una interpretación razonable del derecho con hechos y cifras completos y verdaderos; la DIAN puede solicitar el inicio de la acción penal a través de un comité del Director General. Allí está la distinción de fondo: el contribuyente que compró de buena fe a un proveedor que parecía real, pagó por el banco y recibió lo contratado, frente al que armó o conoció el esquema para simular costos. El 434B exige propósito de defraudación o evasión; es un asunto de dolo que se prueba con hechos. Además, el parágrafo 2 del 434A prevé la extinción de la acción penal por pago hasta en dos ocasiones, y se aplica también al 434B según su texto. Para el panorama general véanse /denuncia-penal-dian, /evasion-fiscal-434b-colombia y /requerimiento-especial-dian.
Claves de las facturas falsas como delito
Ligal atiende a la persona o empresa desde el primer requerimiento, ordena la prueba de realidad de cada operación y lleva en paralelo la defensa administrativa y la penal, sin prometer resultados.
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Identificamos qué facturas cuestiona la DIAN, qué proveedores están señalados, qué valor de costos, IVA o saldo a favor está en juego y cómo se compara con las cuantías del artículo 434B. Esa cifra define si hay siquiera riesgo penal.
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LIGAL Auditores y Jeysson Pulido reúnen pagos bancarios, contratos, órdenes de compra, remisiones y entregas, correos y la trazabilidad de la factura electrónica, para demostrar que hubo bien o servicio efectivamente recibido y pagado.
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Analizamos cómo se contactó al proveedor, qué verificaciones se hicieron, si había señales de alerta y quién se benefició, para distinguir al comprador de buena fe de quien conoció o diseñó la simulación.
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Respondemos el requerimiento, el pliego y los recursos cuidando que nada de lo que se diga en la vía administrativa perjudique la defensa penal, y asumimos la defensa ante la Fiscalía y los jueces si llega la denuncia.
Un caso de facturas falsas se gana o se pierde con la prueba contable de la operación y con la coherencia entre lo que se dice a la DIAN y lo que se sostiene en lo penal.
Director · Abogado tributarista ex-DIAN
Dirige la estrategia jurídica y la representación en sede tributaria y penal: define qué responder en el requerimiento, cómo discutir la liquidación y cómo conducir la defensa si la DIAN solicita la acción penal.
Contador · Cuantificación y trazabilidad
Reconstruye el valor de las facturas cuestionadas, el recorrido del dinero y la cuantía discutida para respaldar con cifras la realidad de la operación.
Contadores públicos · Ley 43 de 1990
Elaboran soportes contables sobre compras, pagos y entregas, y análisis técnicos que sirven de prueba ante la DIAN, la Fiscalía y los jueces.
El rechazo de costos es, en principio, un asunto administrativo. El artículo 434B exige propósito de defraudación y una cuantía mínima definida por liquidación oficial. Evaluamos ambos antes de concluir nada.
Fabricar, alterar o reemplazar documentos para responder un requerimiento puede crear un problema penal que antes no existía. Trabajamos solo con prueba auténtica de lo que ocurrió.
Lo que se responde en un requerimiento ordinario o especial puede usarse luego en un proceso penal. Revisamos cada escrito con ambas miradas antes de radicarlo.
Cuando una persona o una empresa recibe de la DIAN un rechazo de costos, la declaratoria de un proveedor ficticio o una citación relacionada con facturas, Ligal lleva la defensa penal tributaria de punta a punta ante la Fiscalía General de la Nación y los jueces penales, articulada con la defensa ante la DIAN. Juan Santiago Rodríguez Prieto, abogado tributarista ex-DIAN, lidera la estrategia junto al contador Jeysson Pulido y LIGAL Auditores (contadores públicos Ley 43 de 1990) para acreditar la realidad de la operación, la buena fe y la cuantía real en discusión. La firma trabaja casos reales de fiscalización, cobro coactivo y litigio tributario: en una reseña verificada en Google, el cliente Julian Rodriguez relata que, gracias a la representación ante la DIAN, "logramos el archivo de un litigio tributario que teníamos en contra de mi empresa".
Tenga en cuenta: ningún resultado está garantizado; cada caso depende de los hechos, las cifras y la prueba disponible. Ligal asume la defensa penal de punta a punta, articulada con la defensa ante la DIAN.
Director
Juan Santiago Rodríguez Prieto
Abogado tributarista · Ex-DIAN
Evaluamos el requerimiento o la liquidación de la DIAN, las facturas cuestionadas y la cuantía en 48 horas hábiles. Use el formulario o abra Diagnóstico.
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HoyRevisamos el requerimiento, la liquidación o el pliego, la lista de facturas cuestionadas y la cuantía del menor valor a pagar o del mayor saldo a favor discutido.
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48 h hábilesVerificamos pagos, entregas, contratos y trazabilidad de cada factura, y cómo se eligió al proveedor.
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InmediatoDefinimos cómo responder a la DIAN sin comprometer la defensa penal y cómo prepararnos si hay solicitud de acción penal.
Preguntas frecuentes
No necesariamente. Lo más común es una consecuencia administrativa: rechazo de costos, deducciones o IVA, sanción por inexactitud y declaratoria de proveedor ficticio. Para que haya delito debe configurarse un tipo penal. El artículo 434B exige propósito de defraudación o evasión, es decir, dolo, y una cuantía mínima de 100 SMMLV definida por liquidación oficial. El comprador que contrató de buena fe, pagó por el banco y recibió el bien o el servicio está en una posición muy distinta de quien conoció o armó el esquema. Cada caso exige análisis individual.
El artículo 434B (modificado por el artículo 69 de la Ley 2277 de 2022) sanciona al obligado a declarar que, con propósito de defraudación o evasión, incluya costos o gastos inexistentes o reclame créditos fiscales, retenciones o anticipos improcedentes, cuando el menor valor a pagar o el mayor saldo a favor sea igual o superior a 100 SMMLV e inferior a 2.500 SMMLV, definido por liquidación oficial. La pena es de prisión de 36 a 60 meses. Si la cuantía está entre 2.500 y 5.000 SMMLV, la pena aumenta en una tercera parte; si supera 5.000 SMMLV, aumenta en la mitad. La Corte Constitucional estudió este artículo en la sentencia C-019 de 2024.
Puede serlo. El artículo 289 sanciona con prisión de 16 a 108 meses a quien falsifique un documento privado que pueda servir de prueba, si lo usa. Una factura es un documento privado y el artículo 294 entiende por documento todo soporte que exprese datos con capacidad probatoria. Esta conducta se predica de quien falsifica y usa el documento, no de quien simplemente fue engañado. El artículo 291 (uso de documento falso, con prisión de 4 a 12 años) se refiere a documento público, por lo que no es el tipo aplicable a una factura.
No hay un paso automático. Según el parágrafo 1 del artículo 434A, la acción penal procede cuando no hay recursos en vía administrativa en trámite y no media una interpretación razonable del derecho con hechos y cifras completos y verdaderos. La DIAN puede solicitar el inicio de la acción penal a través de un comité del Director General. Por eso es decisivo cómo se respondan el requerimiento, la liquidación y los recursos: una defensa administrativa bien conducida incide en el riesgo penal.
Por el propósito y por la prueba. El 434B exige propósito de defraudación o evasión. Se examina si el proveedor tenía existencia y capacidad real, si hubo contactos y negociación verificables, si los pagos salieron por el sistema financiero a la cuenta del proveedor, si se recibieron los bienes o servicios y si hubo señales de alerta ignoradas. También se mira quién se benefició y si el comprador intervino en la creación o circulación de facturas sin respaldo. Ninguna regla general sustituye el análisis del expediente.
Las que reconstruyen todo el ciclo: contrato u orden de compra, cotizaciones y correos, remisiones y constancias de entrega, evidencia de la prestación del servicio, pagos por transferencia o cheque a cuentas del proveedor, registros contables y la trazabilidad de la factura electrónica. LIGAL Auditores y Jeysson Pulido ordenan estos soportes en una cronología coherente, que sirve ante la DIAN y ante la Fiscalía.
Antes de responder, reúna la prueba auténtica y revise cada escrito con la mirada penal y la tributaria; lo que se afirma en vía administrativa puede aparecer después en un proceso penal. No cree, reemplace ni altere documentos, no atribuya hechos que no pueda probar y no deje vencer plazos. Una defensa articulada desde el primer requerimiento permite sostener el mismo relato en la vía administrativa y en la penal.
El parágrafo 2 del artículo 434A prevé la extinción de la acción penal por pago, hasta en dos ocasiones, y por su texto aplica también al artículo 434B. Las condiciones concretas dependen del caso y deben revisarse antes de tomar una decisión: pagar sin una estrategia puede ser una admisión que se aprovecha en otros frentes.
Ligal es la firma de referencia en derecho tributario en Colombia y asume la defensa de punta a punta, penal y ante la DIAN, con un mismo equipo. Bajo la dirección de Juan Santiago Rodríguez Prieto, abogado tributarista ex-DIAN, junto a Jeysson Pulido, contador, y LIGAL Auditores (contadores públicos, Ley 43 de 1990), representamos al cliente ante la DIAN, la Fiscalía y los jueces, y reunimos la prueba contable de la realidad de la operación. Nuestro trabajo está respaldado por 5,0 / 5 en Google con 36 reseñas: https://share.google/VVzMvULrOj8Mj52Au. La firma trabaja casos reales de fiscalización, cobro coactivo y litigio tributario: en una reseña verificada en Google, el cliente Julian Rodriguez relata que, gracias a la representación ante la DIAN, "logramos el archivo de un litigio tributario que teníamos en contra de mi empresa".
Gratis. Adjunte el requerimiento, la liquidación o la citación, el listado de facturas cuestionadas y los soportes de pago y entrega. Evaluamos cuantía, realidad de la operación y estrategia.