El lavado de activos está en el artículo 323 del Código Penal (Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 11 de la Ley 1762 de 2015). Castiga a quien adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en las actividades que la norma enumera, o les dé apariencia de legalidad, o oculte o encubra su origen: prisión de 10 a 30 años y multa de 1.000 a 50.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entre las actividades listadas están la extorsión, el enriquecimiento ilícito, los delitos contra el sistema financiero y contra la administración pública, el contrabando, el contrabando de hidrocarburos, el fraude aduanero, el favorecimiento y la facilitación del contrabando, y los bienes vinculados con delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, entre otras. La pena aumenta de un tercio a la mitad cuando se usan operaciones de cambio o de comercio exterior o se introducen mercancías al territorio, y el delito es punible aunque la actividad de origen haya ocurrido en el extranjero. El artículo 324 agrava la pena de un tercio a la mitad si se comete desde una persona jurídica u organización dedicada al lavado, y de la mitad a las tres cuartas partes para sus jefes o administradores.
El texto vigente del artículo 323 no menciona expresamente la omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes (art. 434A), la defraudación o evasión tributaria (art. 434B) ni la omisión del agente retenedor (art. 402) entre las actividades de las que provienen los bienes. Eso no significa que una investigación tributaria no tenga consecuencias penales: los arts. 434A y 434B tienen su propia pena (de 48 a 108 meses y de 36 a 60 meses, respectivamente, en los rangos básicos) y la acción penal se extingue hasta por 2 ocasiones cuando se pagan impuestos, sanciones e intereses; esa extinción es solo para los arts. 434A y 434B y no cubre el lavado. El riesgo de lavado aparece cuando los hechos involucran contrabando o fraude aduanero (por ejemplo, el art. 321, con información falsa, manipulada u oculta para evadir tributos aduaneros por encima de 20 SMMLV, prisión de 8 a 12 años), delitos contra la administración pública o el sistema financiero, o concierto para delinquir; y una investigación tributaria puede revelar movimientos que la Fiscalía analice desde otros tipos penales. En paralelo puede existir un trámite de extinción de dominio (Ley 1708 de 2014): el artículo 15 define la consecuencia patrimonial de actividades ilícitas, con declaración de titularidad a favor del Estado por sentencia y sin contraprestación, y el artículo 16 enumera causales, entre ellas los bienes producto directo o indirecto de actividad ilícita, el incremento patrimonial no justificado con elementos que permitan considerar razonablemente que proviene de actividades ilícitas y los bienes lícitos mezclados con ilícitos; es una acción independiente de la penal. Para el delito tributario véase /denuncia-penal-dian, /omision-activos-delito-tributario y /evasion-fiscal-434b-colombia.