Lo denunciaron por un delito tributario:
la Fiscalía puede pedir medidas sobre sus bienes, y proteger el patrimonio exige actuar con tiempo, con pruebas y con una defensa penal de punta a punta.

En el cobro coactivo, la Administración Tributaria puede decretar el embargo y secuestro preventivo de los bienes del deudor, previa o simultáneamente con el mandamiento de pago (E.T. art. 837), y los bienes embargados no pueden exceder del doble de la deuda más intereses (art. 838). En el proceso penal, el embargo y secuestro lo decreta un juez de control de garantías a solicitud del fiscal o de las víctimas, para proteger la indemnización de perjuicios (Ley 906, art. 92), y las medidas con fines de comiso responden a otra lógica (arts. 82 a 86). Pueden coexistir y se controvierten por vías distintas. Véase embargo y medida cautelar de la DIAN.

Es una medida jurídica con fines de comiso (Ley 906, art. 83): el titular conserva el bien pero no puede disponer de él. El fiscal puede solicitarla en la formulación de imputación o en audiencia preliminar; el juez de control de garantías la dispone si constata las circunstancias del artículo 83 y se mantiene hasta que se resuelva sobre el comiso con carácter definitivo o se disponga la devolución (art. 85). Los bienes con medidas con fines de comiso quedan a disposición del Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía y las medidas se inscriben en los registros dentro de los tres días siguientes (art. 86).

La incautación u ocupación con fines de comiso puede ordenarla el Fiscal General o su delegado, o ejecutarla la policía judicial en los eventos que prevé el código, pero dentro de las 36 horas siguientes el fiscal debe comparecer ante el juez de control de garantías para la audiencia de revisión de legalidad de lo actuado (Ley 906, art. 84). Ahí se controvierte si había motivos fundados y si se respetaron las garantías. Esas 36 horas hacen que la primera respuesta tenga que ser rápida.

Depende de la medida. Para bienes incautados, ocupados o con poder dispositivo suspendido, el artículo 88 de la Ley 906 prevé que, antes de la acusación y en un término que no puede exceder de seis meses, se devuelvan los bienes cuando no sean necesarios para la investigación o no se encuentren en una circunstancia en la que proceda el comiso, y que el juez de control de garantías disponga el levantamiento de la suspensión del poder dispositivo, a petición del fiscal o de quien tenga interés legítimo. Para embargo y secuestro, el imputado puede pedir que el juez examine la necesidad de las medidas y las sustituya por otras menos gravosas o las reduzca si son excesivas (art. 93), invocar la desproporción (art. 94) o solicitar el desembargo con caución (art. 96); el embargo también se levanta con preclusión o sentencia absolutoria. Qué ruta conviene en su caso se define con las actuaciones a la vista.

Cada bien tiene su titular y la medida se evalúa sobre quién es dueño y por qué se justificaría afectarlo. Las medidas con fines de comiso proceden sobre bienes del penalmente responsable que provengan del delito, o utilizados como medio o instrumento, sin perjuicio de los derechos de los terceros de buena fe (Ley 906, art. 82), y el comiso puede recaer sobre bienes de valor equivalente. Un tercero de buena fe puede hacer valer sus derechos, personalmente o por abogado, en una audiencia preliminar que se propone desde la imputación hasta antes del juicio oral (art. 97). Además, la Fiscalía puede pedir la suspensión de la personería jurídica o el cierre temporal de locales cuando hay motivos fundados para inferir que se han dedicado total o parcialmente a actividades delictivas (art. 91). El análisis de cada sociedad y de cada bien se hace caso a caso.

Con restricciones. El imputado no puede enajenar bienes sujetos a registro durante los seis meses siguientes a la formulación de la imputación, salvo que antes garantice la indemnización de perjuicios o haya pronunciamiento de fondo sobre su inocencia; esa prohibición se impone expresamente en audiencia y cualquier negociación sin autorización del juez es nula (Ley 906, art. 97). El juez puede autorizar operaciones necesarias para el pago de perjuicios o propias del giro ordinario de los negocios (art. 98). Fuera de eso, vender o traspasar bienes para sacarlos del alcance de un acreedor puede configurar el delito de alzamiento de bienes (Código Penal, art. 253).

«Insolvencia fraudulenta» es la expresión popular para quien se deshace de su patrimonio para no pagar, pero no es el nombre de un delito del Código Penal. La conducta se analiza como alzamiento de bienes (art. 253): quien alzare con sus bienes, los ocultare o cometiere cualquier otro fraude para perjudicar a su acreedor incurre en prisión de 16 a 54 meses y multa de 13,33 a 300 SMMLV. La planeación patrimonial legítima es la que se hace con antelación, con finalidad real, valor de mercado y soportes, y no como reacción a una denuncia para frustrar medidas o pagos. Hacerla en fraude puede agravar su situación. Véase insolvencia fraudulenta con deudas DIAN y blindaje patrimonial.

El pago es un camino distinto y paralelo. Los parágrafos de los artículos 434A y 434B del Código Penal prevén que la acción penal se extingue hasta por dos ocasiones cuando el sujeto activo paga los impuestos, las sanciones tributarias y los intereses; agotadas esas ocasiones o aplicado el principio de oportunidad, el pago solo permite una rebaja de pena de hasta la mitad. Cómo afecta cada pago a las medidas que ya estén decretadas, y cuándo conviene pagar, se evalúa en cada caso; no se debe pagar a ciegas. Véase extinción de la acción penal por pago de la DIAN.

Los principales son la omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes (Código Penal, art. 434A), por un monto igual o superior a 1.000 SMMLV definido por liquidación oficial, y la defraudación o evasión tributaria (art. 434B), en un monto igual o superior a 100 e inferior a 2.500 SMMLV, también definido por liquidación oficial. Los parágrafos de esos artículos condicionan la acción penal a que no estén en trámite los recursos en vía administrativa o no exista una interpretación razonable del derecho aplicable, con hechos y cifras completos y verdaderos, y la DIAN solicita su inicio por petición especial de un comité. Véase evasión fiscal 434B y denuncia penal de la DIAN.

Reunir y fechar lo recibido (citación, orden, acta de incautación o providencia), no firmar ni declarar nada sin abogado, no mover ni entregar bienes, y contactar a su defensa el mismo día. Si hubo incautación u ocupación, la revisión de legalidad debe ocurrir dentro de las 36 horas (Ley 906, art. 84); si se anuncia una audiencia, hay que preparar la prueba del origen y la titularidad de los bienes. Ligal evalúa su caso en un día hábil.

Ligal es una firma especializada en derecho tributario, aduanero y penal tributario. Bajo la dirección de Juan Santiago Rodríguez Prieto, abogado tributarista ex-DIAN, junto a Jeysson Pulido, contador, y el equipo de abogados de Ligal, combinamos la lectura penal de las medidas con el cálculo exacto de lo que se debe y llevamos la defensa de punta a punta: las audiencias de medidas, el levantamiento, el frente ante la DIAN y, si hace falta, el juicio. Nuestro trabajo está respaldado por 5,0 / 5 en Google con 36 reseñas: https://share.google/VVzMvULrOj8Mj52Au. El equipo atiende casos reales de fiscalización, cobro coactivo y litigio tributario y penal tributario. Ningún resultado está garantizado.