Le imputaron un delito tributario:
decidir entre preacuerdo, allanamiento, pago o juicio exige cifras, tiempos y una defensa penal de punta a punta.

El preacuerdo es una negociación con la Fiscalía: las conversaciones las adelantan el fiscal y el imputado a través de su defensor, y pueden buscar eliminar agravantes o cargos o tipificar la conducta de forma específica (Ley 906, art. 350); el fiscal debe observar las directivas de la Fiscalía (art. 348). El allanamiento es la aceptación de la imputación por iniciativa propia o por acuerdo, que el juez debe verificar como libre, voluntaria y espontánea (art. 293, modificado por la Ley 1453 de 2011). En el primero hay negociación de cargos y beneficios; en el segundo se acepta lo imputado y la rebaja corresponde a la etapa (art. 351). Cuál conviene depende de la solidez de la imputación y de qué se puede lograr en la negociación.

Según la Ley 906 de 2004: si se aceptan los cargos en la imputación, la rebaja es hasta de la mitad de la pena imponible (art. 351); si el preacuerdo se celebra después de la acusación y hasta el interrogatorio al inicio del juicio, la pena imponible se reduce en una tercera parte (art. 352); y si el acusado se declara culpable al inicio del juicio oral, la rebaja es de una sexta parte (art. 367). Si hay acuerdo sobre los hechos imputados y sus consecuencias, la única rebaja es el cambio favorable de la pena (art. 351). Ejemplo aritmético ilustrativo, no una predicción: si la pena imponible en un caso fuera de 48 meses, la rebaja máxima de la mitad sería de 24 meses. La pena imponible se define en cada caso y el juez verifica el acuerdo; ningún resultado está garantizado.

Los preacuerdos pueden celebrarse desde la formulación de la imputación hasta antes de la presentación del escrito de acusación (Ley 906, art. 350), y también después de la acusación y hasta el interrogatorio al inicio del juicio, con menor beneficio (art. 352). Las conversaciones las adelantan el fiscal y el imputado a través de su defensor. Los acuerdos celebrados sin la asistencia del defensor son inexistentes, y si el imputado discrepa de su defensor prevalece lo que el imputado decida (art. 354). También se permite la aceptación parcial de cargos, con beneficios solo por lo aceptado (art. 353).

El artículo 349 de la Ley 906, modificado por la Ley 2098 de 2021, dispone que si hubo incremento patrimonial fruto del delito, no se celebra acuerdo hasta que el imputado o acusado reintegre, por lo menos, el 50% del valor equivalente al incremento percibido y asegure el recaudo del remanente. Si en un delito tributario ese incremento equivale al tributo evadido, a otra cifra o a ninguna es una discusión que se evalúa caso a caso; no debe darse por sentado en ningún sentido. Por eso, antes de abrir una negociación se calcula qué reintegro podría exigir la Fiscalía y se compara con el costo de pagar para extinguir la acción penal.

Son vías distintas que se pueden analizar juntas. El parágrafo 2 de los artículos 434A y 434B prevé que la acción penal se extingue hasta por dos ocasiones cuando se pagan los impuestos, las sanciones tributarias y los intereses. Si se extingue la acción, no hay preacuerdo que celebrar. Si ya se aplicó el principio de oportunidad o la acción se extinguió por pago dos veces, el pago solo permite una rebaja de pena de hasta la mitad y no extingue la acción ni da principio de oportunidad; en ese escenario el pago puede pesar en la negociación, pero no la reemplaza. Los textos no fijan un momento procesal límite expreso para pagar, por lo que no debe darse por sentado hasta cuándo aplica: se analiza caso a caso. Para el detalle véase la página sobre extinción de la acción penal por pago de la DIAN.

Entonces el parágrafo 2 prevé que el pago solo permite una rebaja de la pena de hasta la mitad, y no extingue la acción ni da lugar a principio de oportunidad. En ese caso el preacuerdo o el allanamiento cobran más peso, porque son las vías que quedan para obtener rebaja, y pueden combinarse con el pago. El principio de oportunidad es una figura distinta, regulada en la Ley 906 (arts. 323 y 324, modificados por la Ley 2477 de 2025); qué causal podría aplicar a un delito tributario concreto se analiza caso a caso y no se da por supuesto.

Por regla general, no. Una vez el juez verifica que la aceptación de la imputación es libre, voluntaria y espontánea, no hay retractación, salvo que haya un vicio del consentimiento o una violación de garantías fundamentales (Ley 906, art. 293, parágrafo). Además, los acuerdos sin asistencia del defensor son inexistentes (art. 354). Por eso conviene tener hecho el cálculo de cada escenario y la revisión de la prueba antes de aceptar, no después.

Los preacuerdos celebrados entre la Fiscalía y el imputado obligan al juez, salvo que quebranten garantías fundamentales (Ley 906, art. 351). La víctima debe ser oída e informada: la Corte Constitucional declaró el artículo 348 exequible de manera condicionada en la sentencia C-516 de 2007, bajo ese entendido. En un delito tributario, quién actúa como víctima y qué reparación se espera se revisa en cada caso. El artículo 351 también prevé que la víctima pueda aceptar o no las reparaciones que se le ofrezcan.

Depende de la pena que quede impuesta y de los subrogados. El artículo 63 del Código Penal permite suspender la ejecución de la pena de dos a cinco años si la pena impuesta no excede cuatro años y se cumplen los demás requisitos legales. Pero la ley excluye ciertos beneficios y subrogados penales para algunos delitos (art. 68A del Código Penal); si eso aplica a su caso se revisa antes de negociar. Ningún resultado está garantizado, y por eso la negociación se hace con la pregunta sobre la ejecución de la pena ya resuelta.

Conviene considerar el juicio cuando: (1) la prueba de la Fiscalía es débil o no demuestra el propósito de defraudación o evasión que exigen los tipos; (2) la cuantía definida por la liquidación oficial es discutible y, corregida, quedaría por debajo de los umbrales (1.000 SMMLV para el 434A; 100 SMMLV para el 434B); (3) hay recursos en trámite en vía administrativa o una interpretación razonable del derecho con hechos y cifras completos y verdaderos, de modo que el parágrafo 1 puede cambiar el panorama; o (4) lo que exige el preacuerdo, por ejemplo el reintegro del artículo 349, es desproporcionado frente al riesgo real. Aceptar cargos implica aceptar responsabilidad penal, con efectos que deben evaluarse antes. Es una decisión que se toma con la prueba y las cifras a la vista, y sin prometer resultados.

Puede tener efecto sobre el tiempo. El inciso adicionado al artículo 83 del Código Penal por el artículo 70 de la Ley 2277 de 2022 dispone que, para los delitos de los artículos 402, 434A y 434B, la prescripción se suspende por la suscripción de un acuerdo de pago, sin exceder cinco años. Esto no sustituye el pago ni extingue la acción por sí mismo; es una regla sobre prescripción. Cómo combinar el acuerdo de pago con la negociación penal se evalúa en cada caso. Véase facilidad de pago de la DIAN.

Ligal es una firma especializada en derecho tributario, aduanero y penal tributario. Bajo la dirección de Juan Santiago Rodríguez Prieto, abogado tributarista ex-DIAN, junto a Jeysson Pulido, contador, y LIGAL Auditores (contadores públicos), combinamos la lectura penal de la imputación con el cálculo exacto de lo que se debe y llevamos la defensa de punta a punta: la imputación, la negociación, el pago si conviene y, si hace falta, el juicio. Nuestro trabajo está respaldado por 5,0 / 5 en Google con 36 reseñas: https://share.google/VVzMvULrOj8Mj52Au. El equipo atiende casos reales de fiscalización, cobro coactivo y litigio tributario y penal tributario. Ningún resultado está garantizado.