La prescripción de la acción penal por un delito tributario no se calcula con una fecha fija: el término depende de la pena máxima del delito, se cuenta desde la consumación de la conducta, se interrumpe con la formulación de la imputación y puede suspenderse por un acuerdo de pago con la DIAN. Y no es la prescripción de la acción de cobro del Estatuto Tributario ni la firmeza de la declaración: son relojes distintos, con autoridades y efectos distintos. Ligal conduce la defensa de punta a punta, en la misma firma, ante la DIAN y en el proceso penal, para que ambas estrategias no se contradigan.
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La prescripción de la acción penal es la pérdida de la facultad del Estado de investigar y juzgar una conducta por el transcurso del tiempo. En el Código Penal (Ley 599 de 2000), el artículo 83 fija el término: es igual al máximo de la pena privativa de la libertad señalada en la ley para el delito, sin que pueda ser inferior a 5 años ni exceder de 20. El mismo artículo prevé incrementos en supuestos específicos (entre ellos, ciertos sujetos como servidores públicos y, según el caso, agentes retenedores o recaudadores), por lo que siempre hay que verificar si alguno aplica al caso concreto. El artículo 84 indica desde cuándo corre: desde la consumación en las conductas de ejecución instantánea y desde el último acto en las de ejecución permanente. Para los delitos tributarios, esto se aplica a la omisión del agente retenedor o recaudador (art. 402, prisión de 48 a 108 meses), a la omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes (art. 434A, de 48 a 108 meses, con aumento de un tercio a la mitad según la cuantía) y a la defraudación o evasión tributaria (art. 434B, de 36 a 60 meses, con el mismo aumento por cuantía).
Dos reglas cambian el reloj. Primera: según el artículo 86, la prescripción se interrumpe con la formulación de la imputación, y desde ese momento el término comienza a correr de nuevo por un lapso igual a la mitad del señalado en el artículo 83, sin ser inferior a 5 ni superior a 10 años. Segunda: el artículo 83, con la adición de la Ley 2277 de 2022 (art. 70), prevé que en los delitos de los arts. 402, 434A y 434B el término se suspende por el acuerdo de pago con la DIAN, desde su suscripción hasta la declaratoria de cumplimiento o incumplimiento y por un máximo de 5 años. Y no hay que confundir tres cosas: la prescripción de la acción penal (Fiscalía y jueces, Código Penal), la prescripción de la acción de cobro de la DIAN (Estatuto Tributario, cobro de una deuda) y la firmeza de la declaración (límite para que la DIAN modifique la liquidación privada). Cada una tiene su propio plazo, su propia autoridad y sus propias consecuencias. Los rangos de pena de esta página sirven para explicar el método; el cálculo real de su caso exige analizar tipo penal, circunstancias, agravantes, fecha de consumación y la ley aplicable.
Claves de la prescripción de la acción penal
Analizamos si la acción penal está prescrita o cuándo lo estaría, y conducimos la defensa en todas sus etapas, con abogados y contadores del mismo equipo.
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Identificamos el tipo penal posible (402, 434A o 434B), el máximo de pena que le corresponde, la fecha de consumación según el tipo, las causales de aumento y las actuaciones que hayan interrumpido o suspendido el término, y le explicamos con claridad qué se puede y qué no se puede concluir.
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Ordenamos en un solo cuadro las fechas relevantes: vencimientos para declarar o consignar, requerimientos, liquidaciones oficiales, comité de la DIAN, denuncia, indagación, imputación y acuerdos de pago, para saber en qué punto está cada reloj.
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Si ya hay denuncia, indagación o imputación, Ligal asume la defensa de punta a punta: atención de la indagación, imputación, audiencias, juicio y, cuando proceda, extinción de la acción penal por pago. No dejamos el frente penal a un equipo distinto del que lleva la actuación ante la DIAN.
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La cuantía, la liquidación oficial, los recursos en vía administrativa y la interpretación razonable del derecho influyen en el proceso penal. Por eso la estrategia administrativa y la penal se diseñan juntas, para que lo que se diga o se pague en una no perjudique a la otra.
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Analizamos el efecto penal de suscribir un acuerdo de pago (suspensión del término) y de pagar (posible extinción de la acción penal), sin tomar la decisión a ciegas. Los detalles de la extinción por pago están en una página propia.
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Lo preparamos para conocer y ejercer sus derechos: defensa técnica, presunción de inocencia, no autoincriminación y conocimiento de los hechos que se le atribuyen. Le acompañamos en cada diligencia y audiencia.
Calcular una prescripción penal exige leer a la vez el expediente tributario y el expediente penal. Por eso ambos frentes se llevan en la misma firma.
Director · Abogado tributarista ex-DIAN
Dirige la estrategia jurídica y la representación en sede tributaria y penal: analiza los términos aplicables, define la línea de defensa y conduce el caso ante la DIAN, la Fiscalía General de la Nación y los jueces.
Contador · Cuantificación y trazabilidad
Reconstruye cifras, fechas y soportes de las declaraciones y retenciones, y verifica la cuantía en discusión, que es clave para ubicar el tipo penal y los agravantes por cuantía.
Contadores públicos
Elaboran los soportes contables y los análisis técnicos que sirven de prueba ante la DIAN, la Fiscalía y los jueces.
La prescripción depende del tipo penal, de las fechas, de las interrupciones y suspensiones y de la ley aplicable. Analizamos el caso y le decimos con franqueza qué se puede concluir; ningún resultado está garantizado.
La imputación interrumpe el término y un acuerdo de pago lo suspende. Apostar solo al reloj, sin discutir cuantía, tipo penal y prueba, es una estrategia frágil. La defensa se construye sobre el fondo del caso.
Tratamos por separado la acción penal, la acción de cobro y la firmeza de la declaración, y nunca usamos una para responder la pregunta de la otra. Cada una se analiza en su propio marco y con su propia autoridad.
Cuando un contribuyente enfrenta una denuncia, una indagación o un riesgo de imputación por omisión del agente retenedor, omisión de activos o evasión tributaria, Ligal lleva la defensa de punta a punta, en la misma firma: la actuación ante la DIAN y el proceso penal, con denuncia, indagación, imputación, audiencias, juicio y extinción por pago cuando proceda. Esa articulación evita que lo que se discuta, pague o declare en un frente contradiga la estrategia del otro. El equipo atiende casos reales de fiscalización, cobro coactivo y litigio tributario, con abogados y contadores ex-DIAN.
La información es general y no sustituye el análisis del caso concreto. El cálculo real del término depende del tipo penal, las circunstancias, los agravantes, la fecha de consumación y la ley aplicable. Ningún resultado está garantizado.
Contacto directo con la dirección
Juan Santiago Rodríguez Prieto
Director · Abogado tributarista · Ex-DIAN
Iniciamos con una revisión confidencial de las fechas, actuaciones y documentos para saber qué relojes corren y qué defensa conviene.
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En un día hábilRevisamos declaraciones, requerimientos, liquidaciones, denuncia, citaciones, imputación y acuerdos de pago, y ubicamos la fecha de consumación y los hechos que interrumpen o suspenden el término.
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3 a 7 días hábilesDefinimos el tipo penal y el máximo de pena aplicable, estimamos el término bajo los arts. 83, 84 y 86 y diseñamos la estrategia penal y administrativa de manera conjunta.
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Acompañamiento continuoAsumimos la representación ante la DIAN y en el proceso penal, con audiencias, juicio y, cuando proceda, extinción por pago.
Preguntas frecuentes
El término de prescripción de la acción penal es igual al máximo de la pena privativa de la libertad fijada en la ley para el delito, sin ser inferior a 5 años ni exceder de 20 (art. 83 del Código Penal). Para los delitos tributarios eso se aplica a la omisión del agente retenedor o recaudador (art. 402), a la omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes (art. 434A) y a la defraudación o evasión tributaria (art. 434B), cada uno con su propio rango de pena. El resultado concreto depende del tipo penal, las circunstancias, los agravantes, la fecha de consumación y la ley aplicable, por lo que conviene un análisis individual.
Ejemplo ilustrativo, no un cálculo de su caso: si el máximo de pena aplicable fuera de 108 meses (9 años), el término ordinario de referencia sería de 9 años. Si luego se formula la imputación, el artículo 86 interrumpe la prescripción y el término corre de nuevo por la mitad del señalado en el artículo 83 (4,5 años), pero sin ser inferior a 5 ni superior a 10 años; en este ejemplo el piso de 5 años sería el aplicable. Si el máximo fuera de 60 meses, el término ordinario ya coincidiría con el piso de 5 años. Los incrementos por cuantía o por otras causas pueden modificar el máximo, así que la cifra real exige revisar el caso.
Según el artículo 84 del Código Penal, desde la consumación de la conducta en los delitos de ejecución instantánea, y desde el último acto en los de ejecución permanente. La fecha de consumación se determina según el tipo penal, y no debe asumirse sin más que coincida con la fecha de la denuncia, de la liquidación oficial o del requerimiento de la DIAN. Por eso es esencial reconstruir la línea de tiempo con documentos antes de sacar conclusiones.
Según el artículo 86 del Código Penal, la prescripción se interrumpe con la formulación de la imputación. Producida la interrupción, el término comienza a correr de nuevo por un lapso igual a la mitad del señalado en el artículo 83, sin ser inferior a 5 ni superior a 10 años. Es decir, la imputación no borra el tiempo, pero cambia el reloj: lo reinicia con una duración menor. Por eso, una vez hay imputación, esperar la prescripción rara vez es una estrategia razonable por sí sola; lo decisivo pasa a ser el fondo de la acusación y la prueba.
Sí, para los delitos de los artículos 402, 434A y 434B. La Ley 2277 de 2022 (art. 70) adicionó al artículo 83 del Código Penal una suspensión del término de prescripción por el acuerdo de pago con la DIAN, desde su suscripción hasta la declaratoria de cumplimiento o incumplimiento, y hasta por 5 años. Esto significa que firmar un acuerdo puede congelar el reloj penal. Antes de hacerlo, conviene evaluar el efecto penal y administrativo conjunto; sobre el efecto del pago y su posible extinción de la acción penal, vea la página específica de extinción por pago.
No. Son tres figuras diferentes. La prescripción de la acción penal se rige por el Código Penal y la aplican la Fiscalía y los jueces: se refiere a la posibilidad de investigar y juzgar el delito. La prescripción de la acción de cobro se rige por el Estatuto Tributario y se refiere a que la DIAN pueda cobrar una deuda. La firmeza de la declaración se refiere a hasta cuándo la DIAN puede modificar la liquidación privada. Cada una tiene su plazo, su autoridad y sus consecuencias. Que una haya ocurrido no implica que ocurrió otra; por ejemplo, una deuda puede no ser cobrable sin que la acción penal haya prescrito, y viceversa.
Esperar la prescripción no es una estrategia por sí sola. La imputación interrumpe el término, un acuerdo de pago lo suspende y la fecha de consumación puede discutirse. Además, mientras corre el tiempo la indagación avanza y las decisiones del contribuyente en la DIAN (pagar, discutir, aceptar hechos) tienen efectos penales. Lo prudente es analizar con un abogado el tipo penal, la cuantía, la prueba y los términos, y construir una defensa de fondo; la prescripción puede ser un argumento más, pero no debe ser el único. Ligal lleva ambos frentes en la misma firma.
Como investigado tiene, entre otros, derecho a la defensa técnica, a la presunción de inocencia, a no autoincriminarse y a conocer los hechos que se le atribuyen; ejerza esos derechos con asesoría antes de rendir versiones. A la primera reunión lleve, si los tiene: declaraciones tributarias, requerimientos, liquidaciones y recursos, la denuncia o citaciones de la Fiscalía, los actos de imputación, acuerdos de pago, estados de cuenta con la DIAN y una cronología de lo ocurrido. Con eso podemos ubicar los tiempos y definir la defensa. La información es general y no sustituye el análisis del caso concreto.
Analizamos si la acción penal está prescrita, cuándo lo estaría y cuál es la defensa más sólida, con estricta confidencialidad.