Principio de oportunidad en delitos tributarios: no es un acuerdo cualquiera con la Fiscalía
Conozca cuándo puede plantearse, en qué se diferencia del preacuerdo y del pago, y defienda su caso penal y ante la DIAN con un mismo equipo de abogados y contadores ex-DIAN.

La causal 1 del artículo 324 (modificado por la Ley 2477 de 2025) se limita a delitos cuya pena máxima de prisión no exceda seis años, o con multa como pena principal, siempre que la víctima identificada haya sido reparada integralmente o se fije una caución como garantía de reparación. En concurso, cada conducta debe cumplir el límite por separado. Aplicado a los tipos tributarios: el 434B en su banda base (36 a 60 meses) queda dentro; con el aumento de un tercio (80 meses) o de la mitad (90 meses) por cuantía, lo supera; el 434A y el 402 (48 a 108 meses) también. En esos casos la causal 1 no es la vía; otras causales exigen análisis separado y ninguna es automática.

Son tres figuras distintas. El principio de oportunidad es una decisión de la Fiscalía de no perseguir (suspender, interrumpir o renunciar) bajo causales taxativas y control judicial; no hay condena. El preacuerdo (arts. 348 a 351 de la Ley 906) es una negociación entre la Fiscalía y el imputado o acusado en la que este se declara culpable del delito imputado o de uno relacionado de menor entidad, a cambio, por ejemplo, de retirar una circunstancia de agravación o de una tipificación favorable: hay condena con pena reducida y, por tanto, antecedente penal. La extinción por pago no es una negociación con la Fiscalía: es un efecto legal del pago de impuestos, sanciones e intereses según los parágrafos de los artículos 402, 434A y 434B.

Según el artículo 327 de la Ley 906, el juez de control de garantías debe revisar la legalidad de la determinación de la Fiscalía dentro de los cinco días siguientes. El control es obligatorio y automático y se realiza en una audiencia especial en la que la víctima y el Ministerio Público pueden controvertir las pruebas; el juez decide de plano. Además, ni el principio de oportunidad ni los preacuerdos pueden comprometer la presunción de inocencia: proceden solo con un mínimo de pruebas que permita inferir la autoría o participación y la tipicidad de la conducta. Por eso el planteamiento debe prepararse con soporte probatorio y técnico.

Según el artículo 323 de la Ley 906 (modificado por la Ley 2477 de 2025), la Fiscalía puede aplicarlo en la indagación, en la investigación o en el juicio, hasta antes de la audiencia de juzgamiento. Es una facultad constitucional que se ejerce por razones de política criminal, con sujeción a la reglamentación del Fiscal General y al control del juez de garantías. El beneficiario debe cumplir los compromisos dentro de máximo un año, prorrogable por el mismo tiempo. Plantearlo con tiempo permite ordenar la cuantificación y la discusión ante la DIAN, pero el momento adecuado depende del caso, y ninguna etapa asegura que la Fiscalía lo acoja.

El artículo 86 del Código Penal, con el inciso adicionado por el artículo 11 de la Ley 2477 de 2025, dispone que con la aplicación del principio de oportunidad (en sus modalidades de suspensión, interrupción o renuncia) el término de prescripción de la acción penal se suspende hasta por tres años, contados desde la fecha en que el juez de control de garantías declara la legalidad de su aplicación. Es un efecto que debe considerarse al evaluar la ruta, porque no equivale a un cierre inmediato del riesgo penal. Los plazos de prescripción de cada delito se analizan caso a caso.

Los parágrafos 2 de los artículos 434A y 434B del Código Penal (art. 69 de la Ley 2277 de 2022) extinguen la acción penal por el pago de impuestos, sanciones tributarias e intereses hasta en dos ocasiones, contadas conjuntamente entre ambos delitos. Si ya se aplicó el principio de oportunidad, o la acción ya se extinguió por pago en dos ocasiones, respecto de cualquiera de los dos delitos, un nuevo pago solo permite una rebaja de la pena de hasta la mitad, y ya no podrán aplicarse ni la extinción ni el principio de oportunidad. Por eso conviene saber qué rutas se han usado antes de decidir cuál emplear.

No necesariamente. El frente penal y el administrativo son vías separadas: que la Fiscalía suspenda, interrumpa o renuncie a la persecución no resuelve por sí solo la liquidación oficial ni la deuda tributaria, que se discute y se cobra por el procedimiento de la DIAN. En el artículo 402 la ley dice expresamente que la extinción por pago opera sin perjuicio de las sanciones administrativas. En los artículos 434A y 434B la cuantía se define por liquidación oficial y la acción penal depende, según el parágrafo 1, de que no haya recursos administrativos en trámite o de que no exista una interpretación razonable. Por eso coordinamos las dos defensas.

Depende del tipo penal, la cuantía, la prueba y la etapa. Si la pena máxima supera el límite de seis años de la causal 1, esa causal no es la vía. Si aplican los parágrafos de los artículos 402, 434A o 434B y no se han agotado las ocasiones de extinción, el pago con estrategia puede cerrar el frente penal sin condena. El preacuerdo implica admitir responsabilidad y aceptar una condena: aceptar los cargos en la imputación conlleva rebaja de hasta la mitad de la pena (art. 351) y, si hubo incremento patrimonial, el artículo 349 exige devolver al menos el 50% y asegurar el resto; su aplicación a cada delito tributario se analiza caso a caso. Ninguna ruta es la salida por defecto.

Los principales son cinco. La Fiscalía y el juez de garantías pueden no acoger el planteamiento. Los compromisos deben cumplirse en máximo un año (prorrogable por el mismo tiempo) y su incumplimiento tiene consecuencias que deben revisarse en el caso concreto. La reparación o la caución exige definir quién es la víctima identificada y cuánto; en delitos tributarios el debate suele centrarse en el pago de impuestos, sanciones e intereses. Usar el principio de oportunidad o agotar las ocasiones de extinción limita las opciones posteriores (parágrafo 2 de los arts. 434A y 434B). Y lo que se diga en la negociación debe ser coherente con la discusión ante la DIAN.