La acción penal por un delito tributario prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena, con un mínimo de cinco y un máximo de veinte años (Código Penal, art. 83), y la formulación de la imputación la interrumpe (art. 86). Con las penas actuales, el término base es de 9 años en la omisión del agente retenedor (art. 402) y en la omisión de activos (art. 434A) y de 5 años en la evasión (art. 434B), con aumentos posibles. Ligal lleva la defensa de punta a punta, ante la DIAN, la Fiscalía y los jueces, con abogados, contadores y experiencia ex-DIAN.
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La prescripción de la acción penal está en el Código Penal (Ley 599 de 2000). El artículo 83 dice que, cuando la pena es privativa de la libertad, la acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley, sin que sea inferior a cinco ni superior a veinte años, y ordena tener en cuenta las causales sustanciales modificadoras de la punibilidad. Las reglas especiales de treinta años y la imprescriptibilidad de ese artículo se refieren a otros delitos, no a los tributarios. Aplicado a los tres delitos que suele invocar la DIAN: el artículo 402 (omisión del agente retenedor o recaudador) tiene prisión de 48 a 108 meses, es decir, un máximo de 9 años; el 434A (omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes, desde 1.000 SMMLV), prisión de 48 a 108 meses, también 9 años; y el 434B (defraudación o evasión tributaria, desde 100 SMMLV), prisión de 36 a 60 meses, 5 años. En el 434A y el 434B la pena sube en un tercio entre 2.500 y 5.000 SMMLV y en la mitad por encima de 5.000 SMMLV, lo que eleva la pena máxima (la DIAN habla de hasta 13,5 años de prisión en el 434A y 7,5 en el 434B) y puede incidir en el término. Además, el artículo 83 aumenta en la mitad el término para quienes obren como agentes retenedores o recaudadores (texto de la Ley 1474 de 2011, art. 14; antes el aumento era de un tercio), sin exceder el límite máximo. Estas son las reglas del texto; cuál aplica a su caso y cómo se combinan lo decide la autoridad penal con el expediente.
El conteo arranca según el artículo 84: en las conductas de ejecución instantánea, desde el día de la consumación; en las permanentes o que solo llegan a tentativa, desde la perpetración del último acto; y en las omisivas, cuando cesa el deber de actuar; si hay varias conductas en un solo proceso, cada término corre por separado. En el artículo 402 la conducta se consuma cuando no se consigna dentro de los dos meses siguientes a la fecha fijada para declarar y pagar, de modo que el análisis no parte de la fecha de la declaración sino del vencimiento de ese plazo (así lo contó la Sala Penal de la Corte Suprema en el auto AP3711-2018). En el 434A y el 434B el monto debe estar definido por liquidación oficial, por lo que desde qué fecha se cuenta el término no debe darse por sentado y se revisa en el expediente. La prescripción se interrumpe con la formulación de la imputación (art. 86; en el mismo sentido, el art. 292 de la Ley 906 de 2004); según el texto del artículo 86, la denuncia o la noticia criminal no figuran como causal de interrupción. Interrumpida, el término vuelve a correr por la mitad del señalado en el artículo 83, con un mínimo de cinco y un máximo de diez años. En los tres delitos, además, firmar un acuerdo de pago con la administración tributaria suspende la prescripción mientras esté concedido, sin pasar de cinco años desde la firma y hasta que la autoridad tributaria declare su cumplimiento o incumplimiento (inciso del artículo 83 adicionado por el artículo 70 de la Ley 2277 de 2022). Y no confunda esta prescripción con la firmeza de la declaración (Estatuto Tributario, art. 714, tres años como regla general) ni con la prescripción de la acción de cobro (art. 817 E.T., cinco años): son figuras tributarias con otro efecto y otro conteo.
Claves de la prescripción penal tributaria
Ligal asume el caso desde la primera citación o denuncia: el mismo equipo que discute la liquidación ante la DIAN calcula el término penal y lleva la defensa en la Fiscalía y ante los jueces, sin prometer resultados.
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Fijamos las fechas que importan: vencimiento para declarar y pagar, fin de los dos meses del artículo 402, fecha de la declaración, liquidación oficial y recursos, denuncia, citaciones y, sobre todo, si ya hubo formulación de imputación. Con eso se identifica el tipo penal y la pena máxima aplicable.
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Aplicamos los artículos 83, 84 y 86 del Código Penal: término base, aumentos, fecha de inicio del conteo, interrupción por imputación y suspensión por acuerdo de pago. Jeysson Pulido y LIGAL Auditores cuantifican el monto en SMMLV, los impuestos, las sanciones y los intereses.
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Si el término no ha corrido, evaluamos con las cifras en la mano si conviene pagar o compensar (parágrafo del artículo 402; parágrafo 2 de los artículos 434A y 434B) o seguir discutiendo la liquidación oficial y la interpretación razonable. Si el término ya corrió, preparamos la solicitud ante la Fiscalía o el juez.
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Atendemos la indagación, la imputación, las audiencias y el juicio, y al mismo tiempo la discusión con la DIAN y el cobro, para que ninguna decisión en un frente perjudique al otro.
Un delito tributario se defiende con derecho penal y con números. En Ligal los atiende el mismo equipo, de la liquidación oficial al juicio.
Director · Abogado tributarista ex-DIAN
Dirige la estrategia jurídica de punta a punta: el cómputo de la prescripción, la discusión con la DIAN y la defensa en la Fiscalía y ante los jueces.
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El término no siempre parte de la fecha de la declaración: en el artículo 402 se cuenta desde el vencimiento de los dos meses, y en el 434A y el 434B hay que revisar el papel de la liquidación oficial. Además, los aumentos de pena o de término pueden alargarlo. Cuente con el expediente a la vista.
Que la declaración esté en firme (art. 714 E.T.) o que la acción de cobro haya prescrito (art. 817 E.T.) no significa por sí solo que el delito prescribió, ni al revés. Son términos distintos, con efectos distintos.
El acuerdo de pago no extingue la acción penal: solo suspende la prescripción. Pagar sin estrategia puede consumir una de las dos ocasiones de extinción o debilitar la discusión administrativa. Primero se calcula, luego se decide.
Con la denuncia o la citación en mano, lo primero es reunir las declaraciones, los actos de la DIAN, las notificaciones y cualquier acto de la Fiscalía, y fijar las fechas clave. Después se identifica el delito (402, 434A o 434B), la pena máxima y los aumentos que podrían aplicar, y se cuenta el término con los artículos 83, 84 y 86 del Código Penal. Con ese resultado se decide si se alega la prescripción, si conviene pagar o compensar, o si hay una discusión sólida sobre la liquidación oficial. Ligal lleva la defensa de punta a punta, ante la DIAN, la Fiscalía y los jueces. Juan Santiago Rodríguez Prieto, abogado tributarista ex-DIAN, dirige la estrategia junto al contador Jeysson Pulido y LIGAL Auditores (contadores públicos). El equipo, con abogados, contadores y experiencia directa dentro de la DIAN, atiende casos reales de fiscalización, cobro coactivo y litigio tributario.
Tenga en cuenta: cada caso depende de sus hechos y de su etapa procesal. Ligal evalúa la situación y define la estrategia sin prometer resultados.
Director
Juan Santiago Rodríguez Prieto
Abogado tributarista · Ex-DIAN
Cada día cuenta cuando hay una denuncia o una citación a imputación. Evaluamos su caso en un día hábil. Use el formulario o abra Diagnóstico.
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HoyRevisamos la denuncia o la citación, las declaraciones, los actos de la DIAN y cualquier acto de la Fiscalía, con sus fechas de notificación.
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1 día hábilIdentificamos el delito, la pena máxima, la cuantía, la fecha desde la cual puede contarse el término y si hubo imputación o acuerdo de pago.
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Según el casoDefinimos si se alega la prescripción, si se paga o compensa, o si se discute la liquidación oficial, y coordinamos la defensa ante la DIAN y en lo penal.
Preguntas frecuentes
Depende del delito, de la pena máxima, de desde cuándo se cuenta el término y de si hubo imputación. Con las penas actuales, el término base es de 9 años en la omisión del agente retenedor (art. 402) y en la omisión de activos (art. 434A) y de 5 años en la evasión (art. 434B), con un mínimo legal de 5 y un máximo de 20 años (Código Penal, art. 83) y posibles aumentos. Por eso un hecho de hace tres o cuatro años normalmente no está prescrito, salvo que el conteo empiece mucho antes de lo supuesto. La respuesta exacta exige fijar las fechas con el expediente.
El artículo 83 del Código Penal dispone que la acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena privativa de la libertad fijada en la ley, sin ser inferior a 5 ni superior a 20 años, y que se tengan en cuenta las causales sustanciales modificadoras de la punibilidad. Para agentes retenedores o recaudadores, el mismo artículo aumenta el término en la mitad, sin exceder el límite máximo (Ley 1474 de 2011, art. 14; antes el aumento era de un tercio). Los términos de 30 años y la imprescriptibilidad de ese artículo se refieren a otros delitos.
Art. 402: prisión de 48 a 108 meses y multa del doble de lo no consignado, sin superar 1.020.000 UVT; máximo de 9 años, que sería el término base, y que con el aumento de la mitad para agentes retenedores llegaría a 13,5 años. Art. 434A (desde 1.000 SMMLV): prisión de 48 a 108 meses; término base de 9 años. Art. 434B (entre 100 y 2.500 SMMLV): prisión de 36 a 60 meses; término base de 5 años. En el 434A y el 434B la pena aumenta en un tercio entre 2.500 y 5.000 SMMLV y en la mitad por encima de 5.000 SMMLV, y el artículo 83 manda considerar las causales modificadoras de la punibilidad. Cómo se combinan estos aumentos con el término lo define la autoridad penal; no lo dé por sentado.
El artículo 84 distingue: en las conductas de ejecución instantánea, desde la consumación; en las permanentes o que solo llegan a tentativa, desde el último acto; en las omisivas, cuando cesa el deber de actuar. En la omisión del agente retenedor, la Sala Penal de la Corte Suprema (auto AP3711-2018, radicado 53405, del 29 de agosto de 2018) contó el término desde que venció el plazo de dos meses posterior a la fecha de exigibilidad del pago, no desde la declaración. En el 434A y el 434B el monto debe estar definido por liquidación oficial, y desde qué fecha se cuenta el término debe revisarse en cada expediente.
La prescripción de la acción penal se interrumpe con la formulación de la imputación (art. 86 del Código Penal; en el mismo sentido, el art. 292 de la Ley 906 de 2004). Según el texto del artículo 86, la denuncia no la interrumpe. Producida la interrupción, el término vuelve a correr por un tiempo igual a la mitad del señalado en el artículo 83, que no puede ser inferior a cinco ni superior a diez años. Cómo se aplican en conjunto ambas normas en un caso concreto debe revisarse con el expediente.
Suspende, no extingue. En los delitos de los artículos 402, 434A y 434B, el término de prescripción de la acción penal se suspende por la suscripción de un acuerdo de pago con la administración tributaria sobre las obligaciones investigadas, durante el tiempo en que esté concedido, sin superar cinco años desde su suscripción y hasta la declaratoria de cumplimiento o incumplimiento por la autoridad tributaria; acaecido cualquiera de esos eventos, el término se reanuda (art. 83, inciso adicionado por el art. 70 de la Ley 2277 de 2022). Es decir, el acuerdo da tiempo, pero no cierra el proceso penal.
La firmeza (art. 714 E.T.) consolida la declaración: con la regla general de tres años desde el vencimiento del plazo para declarar, sin requerimiento especial notificado, la DIAN ya no puede modificarla. La prescripción de la acción de cobro (art. 817 E.T.) es de cinco años y extingue la facultad de cobrar la deuda. La prescripción de la acción penal es otra cosa: la regula el Código Penal según la pena del delito. En el 434A y el 434B, además, el monto debe estar definido por liquidación oficial, de modo que los plazos de la discusión tributaria influyen en si la acción penal puede proceder; se analiza en cada caso.
No necesariamente. La prescripción de la acción penal extingue la acción penal; la obligación tributaria y las sanciones administrativas tienen su propio régimen (firmeza de la declaración y prescripción de la acción de cobro). Por eso, aunque el delito esté prescrito, hay que revisar si la DIAN aún puede determinar o cobrar, y si tiene sentido pagar o discutir en ese frente.
Porque el pago puede cerrar el frente penal antes de que corra todo el término de la prescripción, que es largo y puede reiniciarse. En el artículo 402, quien extinga la obligación por pago o compensación de lo adeudado con intereses se hace beneficiario de resolución inhibitoria, preclusión de la investigación o cesación de procedimiento, sin perjuicio de las sanciones administrativas. En los artículos 434A y 434B, el parágrafo 2 prevé que la acción penal se extingue hasta en dos ocasiones cuando se pagan impuestos, sanciones tributarias e intereses; agotadas, solo permite rebajar la pena hasta la mitad. La prescripción tributaria no está entre las causales de esos parágrafos, que hablan de pago o compensación. Si conviene pagar se decide caso por caso, y ningún resultado está garantizado.
Las fechas de vencimiento para declarar y pagar y de presentación de cada declaración; el fin de los dos meses del artículo 402; la liquidación oficial, su notificación y los recursos; la fecha de la denuncia, de las citaciones y, sobre todo, de la formulación de imputación; si hay acuerdo de pago; el monto en SMMLV y los aumentos de pena; y quién ejercía realmente la función de cumplimiento tributario. Con eso se cuenta el término y se decide la estrategia.
Ligal es una firma especializada en derecho tributario, aduanero y penal tributario. Bajo la dirección de Juan Santiago Rodríguez Prieto, abogado tributarista ex-DIAN, junto a Jeysson Pulido, contador, y LIGAL Auditores (contadores públicos), combinamos el argumento jurídico con la prueba contable y llevamos la defensa de punta a punta: la discusión ante la DIAN, la Fiscalía y los jueces. Nuestro trabajo está respaldado por 5,0 / 5 en Google con 36 reseñas: https://share.google/VVzMvULrOj8Mj52Au. El equipo atiende casos reales de fiscalización, cobro coactivo y litigio tributario. Ningún resultado está garantizado.
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